A partir del próximo 1 de enero los canarios no tendrán que pagar el impuesto que grava las herencias que reciben de sus familiares fallecidos. La consejera de Hacienda del Gobierno regional, Rosa Dávila, confirmó ayer que en los presupuestos autonómicos de 2016 entrará en vigor el compromiso adquirido por el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista de bonificar el 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que en la práctica supone su desaparición y que las arcas autonómicas dejen de ingresar alrededor de 30 millones de euros.
Durante la Comisión de Hacienda del Parlamento, la consejera explicó que "la finalidad de esta medida tributaria es impedir que haya familiares de primer y segundo grado que se vean obligados a renunciar a heredar el trabajo de sus padres por no poder pagar un impuesto". Por ello reiteró que desde hace unos años el Ejecutivo regional está trabajando para garantizar que "los menos tienen sean los que menos pagan".
La supresión de este impuesto fue un compromiso electoral tanto de los nacionalistas como de los socialistas en la campaña electoral de los comicios del pasado mes de mayo. En el pacto regional suscrito entre ambos partidos una de las medidas estrella en política fiscal es la bonificación general del 99% de la cuota tributaria del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que afecte a los familiares de primer y segundo grado. Este gravamen también estuvo bonificado en la Comunidad Autónoma en el periodo 2008-2011 y fue en 2012 cuando se volvió a restablecer por parte del Ejecutivo que presidía Paulino Rivero, junto a una subida generalizada de los tributos como consecuencia de la bajada de la recaudación y, sobre todo, por los drásticos recortes aplicados por el Gobierno central en los presupuestos generales del Estado.
El restablecimiento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones supuso que el Archipiélago se convirtiera en una de las comunidades con un gravamen más elevado sobre las herencias y, como consecuencia, que haya ido creciendo progresivamente el número de familias que han renunciado a sus herencias ante el alto coste que les supone las liquidaciones con Hacienda.
En las previsiones de ingresos que anualmente aprueba el Gobierno en la ley de presupuestos figura una recaudación media de entre 60 y 70 millones de euros. No obstante, este impuesto se liquida por semestres, por lo que los ingresos computan en las arcas a semestre vencido, lo que supone alrededor de 30 millones de euros de impacto en la recaudación por ejercicio fiscal.
Lo que ha provocado este tributo es que haya comunidades donde se mantiene la bonificación, como es el caso de Madrid, y otras no. Los datos más recientes reflejan que los canarios pagan por una herencia hasta 73 veces más que un madrileño. Sólo en Extremadura, Asturias, Andalucía y Murcia pagan más que los isleños por recibir los bienes de los allegados fallecidos.
Durante los últimos cinco años el número de denegaciones de traspasos de bienes de familiares fallecidos se ha duplicado en el Archipiélago como consecuencia del incremento de las cargas fiscales, la caída de los precios de las viviendas y por la retirada de la bonificación del Impuesto de Sucesiones. De 2008 a 2013 el número de renuncias pasó de 430 a 881. Según el Consejo General del Notariado, las renuncias alcanzan una media de tres al día.
Es esta situación la que provocó que varios partidos políticos tanto en otras comunidades autónomas como en Canarias se comprometieran en las elecciones a volver a bonificar el impuesto, ya que es una potestad que tiene los gobiernos regionales porque no tienen la capacidad de suprimirlo definitivamente al tratarse de un impuesto estatal cedido a las autonomías.
Los tipos del impuesto aumentan de forma progresiva a medida que se incrementa el valor de las propiedades que se heredan, sean inmuebles o terrenos.
