El decreto que regula las viviendas vacacionales se paraliza cuatro meses después de ser aprobado. El actual equipo que dirige la Consejería de Turismo, encabezado por María Teresa Lorenzo, suspenderá la aplicación de la norma y volverá a negociar con el sector turístico un nuevo texto ya que el actual ha provocado no sólo la indignación de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), sino también que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierta al Ejecutivo con presentar un recurso ante los tribunales si no suprime o modifica una parte importante del decreto.
La próxima semana el pleno del Parlamento aprobará una proposición no de ley (PNL) a instancias de los grupos que apoyan al Ejecutivo para que se paralice el texto y se proceda a su revisión. No obstante, Turismo ya ha iniciado las gestiones para dar un vuelco a la norma aprobada por el anterior Gobierno en los últimos días de la legislatura. Una vez que la Cámara apruebe la proposición el Consejo de Gobierno dejará sin efecto el decreto, por lo que el sector volverá a estar en un limbo legal hasta que se apruebe un nuevo texto, si bien el compromiso es que las modificaciones entren en vigor lo más pronto posible.
La Consejería de Turismo se ha visto obligada a acelerar la paralización de la normativa del alquiler vacacional debido al recurso presentado por la asociación que representa al sector y por el requerimiento formulado por Competencia, paso previo a la impugnación del decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El órgano regulador cuestiona sin ambages la normativa canaria porque contiene "numerosos obstáculos" para el desarrollo de una competencia efectiva en el mercado. El Ejecutivo regional tiene hasta el próximo 23 de septiembre para contestar al requerimiento y después Competencia tiene hasta dos meses para interponer un recurso si la respuesta de la Comunidad Autónoma no le satisface.
Privilegios
La CNMC pone en duda varios de los preceptos que han provocado las críticas del sector y que en otras comunidades autónomas se han regulado. Competencia critica que el reglamento del Gobierno excluya a las viviendas vacacionales de las zonas y urbanizaciones turísticas porque "privilegia" a los establecimientos turísticos tradicionales "sustrayéndoles de los beneficios de la competencia y en perjuicio de los usuarios".
El órgano regulador, adscrito al Ministerio de Economía, también considera contrario al derecho a la libertad empresarial que se prohíban modalidades del alquiler vacacional como el bed and breakfast (B&B). Según Competencia, prohibir el alquiler por estancias o habitaciones coarta el derecho del empresario a organizar su actividad y la de los ciudadanos de disponer de sus bienes "sin restricciones injustificadas". Asimismo, se cuestiona los requisitos establecidos en el decreto "que constituyen una carga innecesaria para los operadores". Incluso Competencia critica la "intervención administrativa" de la que adolece el decreto.
El viceconsejero de Turismo del Gobierno canario, Cristóbal de la Rosa, subrayó que la decisión de modificar el decreto ya fue incluida en el discurso de investidura del presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo. El requerimiento de Competencia llegó a Turismo en los mismo días en que se concretaba la intención de presentar la proposición en el Parlamento y ya el departamento autonómico cuenta con un informe jurídico para paralizar y cambiar el texto.
De la Rosa confirmó que el lunes se remitirá un escrito a la CNMC comunicándole la iniciativa que se debatirá en el Parlamento y la intención del Ejecutivo de suspender la aplicación del decreto y la búsqueda de un nuevo consenso. El viceconsejero espera que no se tenga que llegar a la interposición de un recurso ante la voluntad del Ejecutivo de cambiar algunos de los preceptos que provocan el descontento de los afectados. "Intentaremos que el proceso de cambio del decreto sea corto", añadió De la Rosa.
La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, exigió al Gobierno que modifique el decreto lo antes posible y no lo suspenda indefinidamente para que el sector no se vea afectado por una nueva parálisis legal. Recuerda que hay más de 53.000 familias afectadas por esta situación, sujetas a un estricto régimen sancionador que también se suspenderá por la iniciativa del Gobierno, que cuenta con los reparos de las patronales hoteleras canarias, sobre todo la tinerfeña Ashotel.
