El debate del reglamento de las viviendas vacacionales de Canarias en el pleno que se desarrolla hoy y mañana en el Parlamento se presume intenso a tenor de los acontecimientos de los últimos días. A la amenaza de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de llevar el decreto a los tribunales si no se permite el alquiler vacacional en zonas turísticas, se une la advertencia realizada ayer por los empresarios turísticos, quienes alertan de la pérdida de empleo y del cierre de negocios de apartamentos si el decreto aprobado en mayo es finalmente derogado o modificado para permitir que se alquilen viviendas vacacionales en las zonas turísticas.

El debate -propiciado por una Propuesta No de Ley conjunta de los dos grupos que sustentan el Gobierno de Canarias: el socialista y el de Coalición Canaria- viene precedido también del anuncio el viernes pasado por la propia Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias de su intención de paralizar el decreto tras el aviso de la CNMC.

Mientras la patronal de la provincia de Las Palmas se muestra más condescendiente con el asunto de las viviendas vacacionales, la preocupación por su falta de regulación y su repercusión en el negocio turístico siempre ha sido mayor en la patronal tinerfeña. Por ello, no es de extrañar que justo ayer, en vísperas del debate, el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, saliera a advertir a los políticos de Canarias de que tengan "mucho cuidado" con la derogación del decreto regulador del alquiler vacacional. Su argumento es sin regulación se "irá al traste" el esfuerzo del sector turístico por crear empleo.

En declaraciones a Europa Press, Marichal lamentó que se pueda "poner en tela de juicio" un modelo que ha venido funcionando en las Islas. Asimismo, aseguró que los turoperadores y los sindicatos están "muy preocupados" por esta regulación. En su opinión, la "competencia desleal" hará que muchos negocios "tengan que cerrar", especialmente los vinculados a la planta de apartamentos.

"Yo soy propietario de apartamentos y como cambien el decreto, me doy de baja y creo viviendas vacacionales, no tendría que cumplir con nada, no tengo que tener a nadie contratado y no va a venir ningún inspector por mi puerta a pedirme nada", destacó.

Marichal remarcó que Ashotel "no se opone" al alquiler vacacional, pero sí quiere que se regularice y legisle para que sea una actividad legal pero "limitada" a lo que necesita la economía isleña. En esa línea, dijo que la patronal no entiende cómo el Gobierno de Canarias quiere paralizar el decreto "para volver a hablar". Aduce que siguiendo esta pauta, "se deberían paralizar todas las leyes para volver a discutirlas".

"Nos quedamos sin normativa y que todo el mundo haga lo que le da gana. Es un error, la normativa se tiene que seguir aplicando, nunca nos negaremos a hablar y a exponer nuestra posición para que se tenga en cuenta", comentó.

Según Marichal, el Ejecutivo regional "lleva 30 años" poniendo legislación sobre el sector con "más de 60 normas, leyes o reglamentos sin contar con las municipales" para ordenar una actividad turística que ha sido la "clave del éxito" de Canarias como destino.

En su opinión, el modelo de la separación de uso residencial y turístico y el principio de unidad de explotación ha hecho tener a las islas una planta alojativa "de primer orden mundial", y una infraestructura turística basada en la calidad y el crecimiento sostenible.

Marichal criticó que se atiendan las demandas de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) cuando no se sabe "cuántos socios tiene" ni número de plazas. "A lo mejor son ellos los que mueven la economía de estas islas, son ellos los que generan los 100.000 puestos de trabajo o los volúmenes de cientos de millones de impuestos", expuso con ironía.

Además, añadió que a los clientes hay que darles lo que buscan y si son "diferentes", se plantea, "¿por qué se emperran en meterlos dentro o al lado de los complejos a los que vienen los de turismo tradicional?". En su opinión, bajo el "disfraz" de la economía colaborativa se pretende hacer "un negocio".