La Audiencia Nacional ha admitido a trámite dos querellas contra Repsol, Cepsa, DISA, Meroil y Galp y sus máximos directivos por un supuesto delito de colusión -pacto ilícito en daño de tercero- en los precios de venta minorista de carburantes.
En un auto del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia, el juez Fernando Andreu admite a trámite ambas querellas, que unifica en una sola causa.
Las querellas habían sido presentadas por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y Manos Limpias, a las que el juez exige una fianza para hacer frente a posibles costas judiciales de 1.000 y 10.000 euros, respectivamente.
Además, el juez acuerda pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la documentación relativa al expediente incoado por pactar precios en 2013 -que se saldó con multas por casi 23 millones de euros- y recibir declaración de los querellados.
Los querellados son Repsol y su consejero delegado, Josu Jon Imaz; Cepsa y su expresidente Khadem al Qubaisi; DISA y su consejero delegado, Raimundo Baroja; Meroil y su presidente, José Luis Porte, y Galp Energía.
En el auto, el juez considera que las querellas cumplen con los requisitos formales y procesales para su admisión a trámite y que los hechos descritos en ella encajarían, de confirmarse, en el concepto de "defraudación".
Precisamente, la Cámara de Comercio de Gran Canaria envió a Competencia a principios del mes de julio una denuncia por sus sospechas de pacto en los precios. El órgano canario mantiene que no se sostiene que, sin aplicar impuestos, la gasolina sea más cara en las Islas que en resto del Estado.
