Coalición Canaria y Partido Socialista pondrán freno a la oferta de alquiler vacacional en una nueva normativa. Los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno regional aprobaron ayer una proposición no de ley (PNL) para instar al Ejecutivo a paralizar las sanciones y la aplicación del decreto que regula esta modalidad turística hasta que se apruebe un texto negociado con los afectados y las patronales. La Consejería de Turismo, dirigida por María Teresa Lorenzo, ya adelantó la semana pasada que asumirá el mandato parlamentario y anulará el decreto. El objetivo es "traer a la legalidad la oferta preexistente, pero quiero dejar suficientemente claro que no queremos promover una mayor oferta de las viviendas vacacionales", puntualizó el portavoz del Grupo Nacionalista en la Cámara, José Miguel Ruano.
Alrededor de 53.000 familias tienen viviendas vacacionales en el Archipiélago, que acogieron en 2014 a cerca de un millón de clientes. Los representantes de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) y de colectivos empresariales vinculados al sector turístico han expuesto su desacuerdo con el contenido final del decreto que se aprobó in extremis dos días antes de las elecciones autonómicas y locales del 24 de Mayo.
La patronal hotelera de Las Palmas ha mostrado sus reparos al decreto ahora suspendido y defiende que los complejos tradicionales sostienen la actividad turística. Aunque la FEHT no ha sido tan dura como la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, especialmente beligerante con la regulación del arrendamiento de casas vacacionales. El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, alerta de la destrucción de empleo, además de advertir de que la "competencia desleal provocará el cierre de muchos negocios de apartamentos".
En diciembre de 2014 se elaboró un primer proyecto de decreto por el que se aprobó el reglamento de las viviendas de uso turístico en el Archipiélago, que fue sometido a las consideraciones de los sectores y particulares. Posteriormente, en marzo de 2015, el pleno del Parlamento aprobó por unanimidad una moción en la que se regulaba esta oferta y se atendían algunas consideraciones de los interesados.
Una vez reelaborado el proyecto de decreto fue sometido al Consejo Consultivo que aportó determinadas modificaciones, que luego adoptó el Consejo de Gobierno el 22 de mayo. El contenido del texto es "claramente mejorable", admiten ahora socialistas y nacionalistas, que ven necesario impulsar un proceso de reforma del decreto en coordinación con todos los agentes e instituciones involucradas.
Economía sumergida
"El marco de ese decreto es insuficiente porque ignora situaciones de alegalidad que desde el momento de la regulación pasaron a ser de ilegalidad por la tipología de suelo de esta oferta", explicó José Miguel Ruano, que indicó que a través de la PNL aprobada ayer se suspende el régimen sancionador para "no convertir en ilegal lo que hasta ahora era alegal". Asimismo, se busca acomodar las situaciones preexistentes, fijar normas para que a través de esta modalidad de renta de viviendas vacacionales se garantice también la calidad del destino Islas Canarias, certificar que entren dentro de la fiscalidad para aflorar economía sumergida, y no promover una mayor oferta de este modelo. "Queremos que el Gobierno valore que la simple división por tipología de suelo clasificado no es suficiente para resolver este asunto", aseveró Ruano, que abogó por conciliar los intereses de Ascav y de los empresarios que hacen una oferta reglada "que constituye el eje de la riqueza de las Islas en los últimos 30 años".
Por tanto, el propósito es "suspender el régimen sancionador y revisar el conjunto del decreto con todas las partes afectadas", insistió el también secretario de Organización de CC. Por su parte, la diputada del PSOE Rosa Cabrera incidió en que "no hay que menoscabar el tejido socioeconómico del sector hotelero, pero hay que ser sensibles con las viviendas de alquiler turístico, que tienen un peso mayor del que cabíamos suponer".
La diputada del PP Ástrid Pérez denunció que, aunque CC y PSOE se comprometieron a lograr un adecuado encaje jurídico a esta actividad "ha pasado a la más absoluta ilegalidad". Criticó que ambos partidos aprobaron el decreto "en secreto" a dos días de los comicios sin cumplir el consenso logrado, al prohibir el alquiler de viviendas vacacionales en zonas turísticas y excluir a más del 90% de las viviendas turísticas de las Islas. Además, el decreto en discusión omitió regular el alquiler por habitación, bed and breakfast, que también había sido objeto de acuerdo. El PP se abstuvo ayer en la votación al considerar que la paralización del decreto generará "inseguridad jurídica" a los propietarios de viviendas vacacionales. También se abstuvo Podemos, cuya diputada Asunción Delgado exigió al Gobierno que publique el nuevo decreto como máximo en dos meses. Luis Campos, de NC, se mostró a favor de detener las sanciones y de que haya una nueva regulación.
