Maya se enfrenta a un varapalo judicial que ahonda su crisis y aboca prácticamente al cierre del negocio. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una sentencia en la que anula el expediente de regulación de empleo extintivo (ERE), aprobado por la empresa el 8 de octubre de 2014, y obliga a readmitir a casi 80 trabajadores despedidos. La resolución condena a siete empresas del grupo y a sus dueños, diez miembros de la familia Bharwani, de origen hindú y asentada en Canarias desde hace décadas.
La resolución -contra la que cabe recurso de casación- estima la demanda de impugnación de despido colectivo, formulada por el comité de empresa, y declara la nulidad de los despidos por causas económicas.
El comité de empresa califica de "victoria" el fallo tras meses de protestas, mientras que desde la compañía se declinó hacer declaraciones. Si bien matizaron que lo más probable es que recurrirán.
El grupo Maya, dedicado al comercio al por menor de productos de electrónica, imagen y sonido, así como de perfumería, relojería y joyería, tenía una plantilla de 130 trabajadores, distribuidos entre los centros de trabajo abiertos en Tenerife y Gran Canaria. Sin embargo, esta cifra ha ido disminuyendo de forma considerable.
El 19 de agosto de 2014 Maya comunicó a los comités de empresa de ambas islas la iniciación de un ERE, con el objetivo de extinguir los contratos de trabajo de 113 trabajadores, alegando causas económicas, concretamente pérdidas acumuladas durante los cinco últimos ejercicios anuales.
En el transcurso de la negociación la empresa aportó información de las tres sociedades que formalmente constituyen el Grupo Maya (Shamisons, Sanacom Traders y Trade Profexer), pero no de las otras cuatro empresas familiares integradas en el mismo conglomerado: Bharwani Bros, Yaiza Canarias, RK Consultans International Infraestructure Lighting Proyects y Earth Dreams Technology.
Al final del proceso, en octubre del pasado año, no se alcanzó ningún acuerdo con el comité de empresa de Gran Canaria, a diferencia de en Tenerife, donde los afectados sí cerraron pactos con la compañía.
Ante el incremento de las pérdidas, debido a la caída constante de ventas, la dirección del grupo elaboró un plan de reestructuración, que incluyó el cierre de la tienda central de Santa Cruz de Tenerife y del establecimiento de la calle Triana y de Vecindario, así como la reducción de personal en la tienda del Sur de Tenerife y en la ubicada en la calle Juan Manuel Durán.
La sentencia, de 33 páginas, señala que la dirección de Maya no facilitó la documentación contable de todas sus empresas para justificar el ERE. Con todos los datos sobre la mesa se podría "evaluar el estado económico global del grupo". Por ello, "tal omisión acarrearía, por sí sola, la declaración de nulidad del despido enjuiciado".
Además, apunta que existe "una continua y clara confusión entre la titularidad patrimonial de las sociedades que lo forman y la de sus socios personas físicas, la cualidad de verdadero empleador debe ser atribuida también a éstos, pues hacen uso de los ingresos de la sociedad para sus intereses personales en detrimento de terceros, entre ellos los trabajadores, por lo cual, en su momento, habrán de responder solidariamente de las consecuencias del presente despido colectivo", advierte el dictamen.
En otro punto de la sentencia se destaca que "no nos encontramos ante estrategias empresariales de diversificación de la actividad productiva, sino ante operaciones de ingeniería financiera y societaria encaminadas a difuminar la figura de los verdaderos empresarios de la plantilla de trabajadores despedidos, a fin de eludir así responsabilidades laborales".
El abogado Raúl Perera, que defiende a los trabajadores afectados, explicó que al declarar nulo el ERE la consecuencia legal es la readmisión de los empleados (unos 39 en Gran Canaria y alrededor de 37 en Tenerife) y el pago de salarios de tramitación desde que fueron despedidos. Destaca que ante esta situación tendrán que responder no sólo todas las empresas, sino también se "condena" a los miembros del consejo de administración de Maya, la familia Bharwani, que tendrán que abonar los pagos con su patrimonio personal si fuera necesario.
