La facilidad para abrir una empresa en Canarias mejora pero aún requiere más tiempo, dinero y más papeleo del que desean los inversores. En un ranking entre las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas del Estado, Canarias se sitúa en el octavo lugar, con un 82,08% de eficiencia a la hora de inscribir una nueva pyme. Una buena posición pero, sin embargo, las Islas siguen teniendo un número elevado de trámites -10- y de tiempo medio -14 días- en comparación al resto de territorios. Un estudio del Banco Mundial distingue la apertura de una empresa de la facilidad para hacer negocios, en este último caso ya Canarias baja al puesto 12 y se sitúa con un 68,9% de eficiencia.
En el número de trámites necesarios para iniciar una sociedad el Archipiélago se encuentra no sólo por encima de la media nacional -9,4 trámites-, sino de la Unión Europea -5,2- y los países con más altos ingresos de la OCDE -4,8 trámites-. En la duración media de las diligencias también Canarias y España se sitúan por encima de la media comunitaria y de los países más avanzados.
El informe Doing Business en España 2015, patrocinado por el Banco Mundial, refleja que en España crear una empresa sigue siendo un proceso más lento y más complejo que la media de la Unión Europea, a pesar de los avances telemáticos y la reducción de trámites que se han ido aplicando en los últimos años. Por ejemplo en Portugal un empresario puede abrir una empresa con solo tres trámites y en menos de tres días. En Eslovenia constituir una sociedad no tiene coste alguno, mientras que los emprendedores españoles deben desembolsar un capital social mínimo de 3.000 euros.
El estudio analiza varios parámetros para medir la mayor o menor eficacia de las administraciones públicas en el impulso a la creación de pequeñas y medianas empresas. Canarias sale bien parada en dos de ellas: en la obtención de los permisos de construcción y en el registro de las propiedades. El Archipiélago cuenta con una buena clasificación en la comparativa con el resto de las comunidades autónomas en estos dos aspectos y se sitúa en el quinto lugar. Sin embargo, se coloca a la cola cuando lo que se compara es el tiempo que tarda una pyme en obtener una conexión eléctrica, ya que este trámite se demora una media de 177 días frente a los 81 de Navarra o los 99 del País Vasco. La eficacia en este trámite es del 48,1% frente al 69,4% de Cataluña.
Una de las dificultades que más se recalca en el informe es la disparidad y las diferencias en los plazos y trámites que se exigen en cada comunidad autónoma. Un buen ejemplo de ello es precisamente la conexión eléctrica necesaria para que una empresa empiece a funcionar. En España, a pesar de que este proceso está regulado a nivel estatal, las diferencias autonómicas son evidentes. Es más fácil obtener una conexión eléctrica en Cataluña -donde se requieren seis trámites, 107 días y el 235,7% de la renta per cápita- y más difícil en Canarias -con ocho trámites, 177 días y el 252,2% de la renta per cápita-.
El hecho de que Canarias cuenta con un régimen fiscal especial también implica la formalización de algún trámite más, según consta en el estudio. En este caso se trata de la necesidad de dar de alta a la nueva empresa en la Hacienda canaria a efectos del IGIC, impuesto propio incluido en el Régimen Económico y Fiscal (REF). De esta manera si un empresario ha iniciado actividades en su comunidad de origen y quiere prestar servicios fuera de ella, en Canarias, o en Ceuta y Melilla, tiene que además solicitar el registro para el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), respectivamente, aún cuando ya esté inscrito para el Impuesto de Valor Añadido (IVA). Además, las variaciones regulatorias generan costes de transacción por la gestión y obtención de información, ya que impiden que un emprendedor utilice lo aprendido en su experiencia anterior para cumplir con los requisitos para operar en una localidad distinta.
Una de las cuestiones más llamativas que recoge el análisis con respecto a Canarias es el elevado coste de los visados colegiales para la licencia de construcción o el registro de la propiedad, que varía no solo en el importe sino en la complejidad de su cálculo. Mientras visar un proyecto de ejecución en el Colegio de Arquitectos de Las Palmas de Gran Canaria tiene un coste de 2.879 euros y su cálculo depende de siete variables diferentes, un visado de las mismas características en el Colegio de Arquitectos de Albacete cuesta 429 euros y su cálculo depende únicamente de la superficie construida.
Por lo que se refiere a los impuestos también hay diferencias entre las autonomías en la plusvalía municipal, es decir, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos a la hora de la transmisión de la propiedad. Entre las 17 comunidades y 2 ciudades autónomas hay diferencias notables ya que el gravamen sobre la plusvalía varía del 0,6% del valor de la propiedad en Bilbao al 4,8% del valor de la propiedad en Barcelona, Murcia y Zaragoza. La media nacional es del 3,5%. Canarias se encuentra por encima de esta media y supone el 4,1%, igual que en Valencia.
Intervención
La intervención de las distintas administraciones públicas también resulta decisiva para la mayor o menor demora de los trámites para poner en marcha un negocio. La superposición de requisitos y las competencias de cada institución condicionan al emprendedor y la necesidad de que las ventanillas únicas sean verdaderamente el cauce para unificar todos los trámites, objetivo que no se cumple aún plenamente.
En 11 de las regiones analizadas los trámites que requieren más tiempo son los realizados ante la Administración autonómica. Aragón, Canarias y Murcia son las comunidades donde la suma entre los trámites de la comunidad autónoma y los del ayuntamiento suponen un incremento de los plazos por encima de la media nacional y la de la Unión Europea. En el caso concreto del Archipiélago sí existe una demora mayor en los requisitos municipales. Un ejemplo expuesto en el informe es el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el que obtener una licencia municipal implica una espera de al menos tres meses y los usuarios identifican este trámite como el principal cuello de botella del proceso. Además de las administraciones, también se pondera la intervención de operadores privados como las distribuidoras, los colegios profesionales, los instaladores habilitados o las comercializadoras.
En líneas generales el informe Doing Business en España 2015 concluye que La Rioja, Madrid y Navarra son las autonomías donde es más fácil hacer negocios, mientras que Galicia, Aragón y Ceuta son las regiones donde las pymes afrontan mayores obstáculos. El análisis incide en que, por ejemplo, abrir una empresa en Andalucía es más sencillo que en otras comunidades debido al elevado uso de las plataformas electrónicas por parte de los emprendedores de esa comunidad.
En el contexto nacional, el documento sitúa a España en el puesto 33 entre 189 economías, por detrás de países como Polonia, Francia, Países Bajos y Austria. El Estado español mejora en el ámbito de resolución de las insolvencias, el comercio transfronterizo y la protección de los inversores. Sin embargo, retrocede en trámites como la obtención del permiso de construcción, el pago de impuestos o la conexión de la línea eléctrica a los locales de las nuevas sociedades.
Tras cada análisis, el informe sugiere reformas y cambios para agilizar los trámites y los plazos para que sea más fácil crear un negocio, como forma de recomponer el tejido empresarial destruido por la crisis y volver a la senda de la recuperación de empleo.
