Varios congresistas de Estados Unidos integrantes del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes reclamaron ayer acciones penales para los responsables del fraude de los motores diésel de Volkswagen.
Ocurrió durante la comparecencia ante la Cámara del presidente y consejero delegado de la filial en EE UU del consorcio automovilístico. Michael Horn, quien aseguró que lo sucedido con el software que podía manipular las emisiones de los motores diésel "no fue una decisión corporativa", sino una modificación que llevaron a cabo "un par de ingenieros". Según Horn, los responsables del engaño "serán identificados" y sufrirán las consecuencias. Horn admitió que conocía la manipulación de las emisiones de los vehículos en Estados Unidos desde hace año y medio.
La Fiscalía alemana acometió ayer registros en varias sedes de Volkswagen, entre ellas la central en Wolfsburgo, y en domicilios de trabajadores del grupo para recabar información que permita identificar a las personas implicadas en el trucaje de los motores diésel.
La Fiscalía de Braunschweig, cercana a Wolsfburgo (norte del país), explicó que dio ese paso para incautarse de documentación y soportes informáticos "que puedan contener información sobre el exacto proceder y la identidad de los empleados de la compañía implicados" en los presuntos hechos delictivos que investiga, dijo en un comunicado.
La filial estadounidense de Volkswagen ha retirado su solicitud ante la agencia medioambiental norteamericana (EPA), para certificar en el ejercicio 2016 modelos diésel con motores 2.0 hasta que cumpla con los estándares de emisiones del país. Sin esa certificación los vehículos y camiones pesados no pueden ser vendidos, lo que podría dar origen a una espera para la comercialización de estos modelos mayor a la prevista.
Aunque la revisión y reprogramación del software de los motores manipulados comenzará en enero y se desarrollará a lo largo de 2016, según dijo esta semana el grupo automovilístico, el presidente de su filial estadounidense explicó que la mayoría de los vehículos trucados para ocultar sus emisiones no serán arreglados hasta 2017.
De otra parte, la organización de defensa del consumidor Facu-Consumidores en Acción, anunció ayer que 329 usuarios de Canarias se han inscrito ya en la plataforma de afectados por el fraude de Volkswagen creada por la organización.
