La reforma de la Zona Especial Canaria (ZEC), que comenzó a aplicarse el 1 de enero, ha servido para relanzar las inspecciones de la Agencia Tributaria a las empresas que se acogen a este incentivo fiscal. Según han confirmado a este periódico inspectores de Hacienda y asesores fiscales se trata de inspecciones rutinarias para comprobar que las condiciones que se han establecido en la ZEC, tras la reforma de los aspectos fiscales del REF, se cumplen. Aún es pronto para llegar a conclusiones en estas labores de fiscalización ya que no será hasta el próximo año cuando las empresas declaren el actual ejercicio.
Tras las convulsiones vividas en la pasada legislatura por la detección de algunas empresas que no estaban cumpliendo con los requisitos del incentivo, en la actual etapa se ha estrechado la coordinación entre la Agencia Tributaria y el Consejo Rector de la Zona Especial. Su presidenta, Beatriz Barrera, explica que hay reuniones cada tres meses y aclara que los beneficios fiscales que se incluyen en el fuero de las Islas están sometidos al control de Hacienda por obligación de la Comisión Europea, al tratarse de ayudas de Estado que son excepciones al régimen común que debe autorizar Bruselas.
"Desde el Consejo Rector de la ZEC controlamos los requisitos mínimos que se demandan, es decir, el empleo y la inversión, mientras que la Agencia Tributaria fiscaliza que la actividad que se declara se cumple y que el impuesto que se aplica es el correcto", subraya Barrera.
La presidenta de la ZEC asegura que desde que asumió el cargo no han existido problemas relevantes con las empresas que se han instalado en la Zona y lanza una advertencia: aquellas empresa que no cumplan no deben registrarse. "Las inspecciones deben ser bienvenidas porque no nos podemos permitir el lujo de que funcione de forma incorrecta. Quien no cumpla las normas que no esté", añade.
La Agencia Tributaria no tiene una labor de control especial sobre la ZEC en relación con otros incentivos fiscales como la Reserva para Inversiones (RIC), la Deducción por Inversiones (DIC) o la Zona Franca. El muestreo que realizan los inspectores de Hacienda es el mismo para todos los beneficios fiscales incluidos en el REF canario. El principal objetivo es saber si las empresas están cumpliendo con las normas y, sobre todo, si están declarando de forma correcta las bonificaciones de impuestos a los que tienen derecho por operar con estos incentivos.
Asesores fiscales consultados no han detectado que se hayan intensificado las inspecciones o detectado anomalías como sucedió en etapas anteriores. "Si existe una denuncia o hay sospechas se abre una investigación concreta. Las inspecciones son necesarias y Europa lo exige", señalan fuentes de los asesores fiscales.
El incentivo fiscal que ha estado más sujeto a la labor fiscalizadora de Hacienda es la Reserva para Inversiones (RIC). Durante años las inspecciones realizadas a las empresas que dotaban RIC acababan en pleitos judiciales y en numerosas peticiones de aclaraciones a la Agencia Tributaria, lo que provocó un conflicto casi permanente entre los inspectores de Hacienda y los asesores fiscales. La reforma de los aspectos fiscales del REF, que entró en vigor el pasado 1 de enero, intenta aclarar aquellas cuestiones que aún seguían provocando diferencias.
