La ley de reforma de las pensiones de 2011 incluyó el compromiso de mejorar las pensiones de viudedad cuanto sus beneficiarios tienen más de 65 años y no cobran ninguna otra pensión pública. A partir de una enmienda presentada por CiU, se pactó entonces una aumento progresivo en el cálculo de la prestación, de modo que en ocho años pasaría del 52% actual al 60% de la base reguladora.
El cambio suponía una mejora relevante de las pensiones (equivalente a un 15% en el conjunto de los ocho años) para buena parte de los 2,2 millones de españoles que reciben la prestación de viudedad. El citado aumento progresivo debía comenzar el 1 de enero de 2012, pero las dificultades de las cuentas públicas llevaron al Gobierno actual a aplazar la aplicación de la reforma mediante una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado que se ha repetido en estos últimos años y que aparece de nuevo en las cuentas para 2016.
La subida se aprobó para las viudas y viudos mayores de 65 años que no cobren otras pensiones públicas y que no tengan rentas del trabajo o de otras fuentes superiores al límite de ingresos fijado para tener derecho a la pensión mínima.
La cuantía de la prestación de viudedad equivale con carácter general al 52% de la base reguladora, aunque para las viudas y viudos con hijos menores de 26 años a cargo es del 70% si la unidad familiar no supera además cierto nivel de ingresos.
Al contrario que en algunos países europeos, en España la pensión de viudedad se cobra de manera íntegra y vitalicia con independencia de la edad de beneficiario. En Francia, la edad mínima es de 55 años y en Alemania las viudas menores de 45 años y sin hijos cobran durante dos años.
