El Gobierno canario trabaja contra el reloj para que 141 megavatios más tengan declaración de impacto ambiental (DIA) antes de que el 31 de diciembre próximo se cierre el registro que da derecho a percibir la retribución específica -86 euros por megavatio hora generado- que Madrid aprobó el pasado año para Canarias. Hasta el momento, solo 129 megavatios de los 450 previstos en el cupo que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que dirige José Manuel Soria, destinó a las Islas tienen finalizada la tramitación medioambiental.
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, mantuvo ayer una reunión en Santa Cruz de Tenerife con los empresarios del sector para repasar el estado de los trámites. La estrategia que se ha marcado el Ejecutivo es la de acercar en estos meses la gestión de los departamentos de Energía y Medio Ambiente. Lograr el objetivo marcado supondría llegar a tiempo con 270 megavatios. Es decir, en el mejor de los casos quedarían huérfanos 180 megavatios.
"Bajo el respeto absoluto a las normas medioambientales vigentes, el buen ritmo de este proceso permitirá poner a disposición de la red el triple de la actual potencia instalada; es decir, incrementar del 5% al 15% la participación de la eólica en la generación eléctrica", afirmó ayer Ortega en un comunicado.
Por su parte, los empresarios del sector estiman muy optimistas los cálculos del consejero y considerarían casi como un triunfo el alcanzar la mitad del cupo previsto, es decir, 225 megavatios. Ninguno de ellos se muestra dispuesto a continuar adelante con sus proyectos si quedan fuera del paraguas de la retribución específica, cosa que les ocurrirá a todos aquellos que no cuenten con DIA antes de terminar el año.
Esperanzados
A pesar del escepticismo, todos los asistentes a la reunión de ayer se mostraron esperanzados en que la estrenada este verano se confirme como "la legislatura de las renovables", en palabras del presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero.
El sector coincide en calificar de error haber establecido plazos, ya que la energía eólica ahorra en todos los casos y no solo en el de los parques que se monten antes del 31 de diciembre. Sin embargo, en Madrid se entendió que la retribución específica para Canarias necesitaba justificarse y se optó por primar la pronta instalación. Sin embargo, ya tuvo que retocar los planes iniciales. Volvió a abrir el registro hace un mes, ya que en el primer intento del año pasado solo se inscribieron 15 megavatios.
Tras escuchar a los promotores, el ministerio decidió eliminar los avales y la autorización administrativa de la lista de exigencias, pero ni eso ha resultado suficiente para copar la totalidad del cupo.
Eliminar los plazos pasa por un cambio normativo que no se va a producir cuando restan solo dos meses para que se celebren elecciones generales. El propio ministro Soria lo descartó durante el encuentro que mantuvo con responsables de Red Eléctrica de España (REE), las organizaciones del sector eólico y el propio Ortega el lunes. Será el nuevo Gobierno de la nación el que, con cuatro años por delante, decida si continúa apostando por el cambio de modelo energético en el Archipiélago.
De los 141 megavatios que se pretenden sacar adelante en los poco más de dos meses que restan de año, 92 corresponden a proyectos que sobre el papel cumplen con todos los parámetros y su tramitación está avanzada. Otros 26 responden a repotenciaciones de parques que ya están en servicio y los restantes 23 megavatios se gestaron a través del decreto canario que eliminó los concursos y consagró la mera autorización administrativa como vía para operar en el sector eólico.
La potencia que cuenta actualmente con DIA es realmente de 213 megavatios, pero de ellos hay que restar los 84 que corresponden a parques de Gran Canaria que no tienen futuro al estar afectados por las servidumbres aeroportuarias. Las negociaciones mantenidas en el pasado por el Ejecutivo canario con AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) no lograron mover a esta de su posición.
Los promotores afectados recabaron informes especializados y expusieron casos resueltos en otros lugares mediante la implementación de software en los radares de seguimiento, pero los órganos dependientes de Fomento mantienen que la puesta en marcha de esos parques podría afectar a la seguridad del tráfico aéreo.
