El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Güímar ha embargado todos los bienes que el empresario Antonio Plasencia tiene a su nombre. El decreto judicial, fechado el pasado lunes, responde a la negativa del expresidente de la patronal tinerfeña de la construcción a abonar la fianza de 66,4 millones de euros que le fue impuesta a finales de 2014 para responder ante la posible responsabilidad civil que le piden tanto la Fiscalía como la acusación popular. Ambas solicitan para él, y otras cuatro personas, cinco años de cárcel por delitos contra el medioambiente y que sean condenados a restaurar el equilibrio ecológico perturbado por extraer material de forma ilegal en los barrancos de ese municipio tinerfeño.

Si bien todos ellos presentaron sus respectivos recursos para no abonar los 279 millones de fianza determinados en total, el Juzgado los desestimó en abril. Y de igual forma, advirtió desde el primer momento de que procedería al embargo de sus bienes "en cantidad bastante a cubrir dicha suma" si no se daba cumplimiento al abono del importe correspondiente a cada uno de los acusados.

Pese a su aviso, el juez ha embargado los bienes de Antonio Plasencia porque no ha prestado la fianza con el fin de asegurar la responsabilidad civil que pudiera serle impuesta a raíz del juicio por esta causa, que arrancará el próximo 15 de enero y que se prolongará durante cuatro meses.

El acusado, de hecho, no solo no ha abonado la cuantía solicitada, sino que tampoco ha manifestado los bienes susceptibles de embargo, por lo que el Juzgado tuvo que llevar a cabo una investigación para determinar el patrimonio que el empresario tiene a su nombre. Tras la información recabada, se decretó el embargo preventivo de las retribuciones que el constructor percibe en Promotora Punta Larga SA, las devoluciones que le corresponden por parte de la Agencia Tributaria, sus seis vehículos y 11 propiedades inmobiliarias, de las que Antonio Plasencia posee el 50% de siete y el 100% de las otras cuatro.

Para el abogado de la acusación popular, Carlos Álvarez, estas retenciones son insuficientes, por lo que anuncia que pedirá la ampliación del embargo "a las cuentas de todas sus sociedades", ya que considera que, con la medida actual, no se cubren los 66,4 millones solicitados por el Juzgado de Instrucción.

Si la vista oral por la extracción de áridos en los barrancos de Güímar durante casi 20 años arranca en menos de tres meses, por esas mismas fechas el expresidente de la Federación de Constructores de Santa Cruz de Tenerife tendrán también que sentarse en el banquillo por el llamado caso Las Teresitas, relacionado con la compraventa del frente de la playa de la capital santacrucera y por el que la Fiscalía pide para Antonio Plasencia cuatro años de cárcel.