Una media de entre 4.000 y 5.000 euros es la cantidad que ya están reintegrando a sus clientes canarios las entidades financieras que les aplicaron la cláusula suelo. Cada vez son más los afectados que se deciden a acudir a la vía judicial para conseguir la devolución de los intereses "cobrados indebidamente", según la sentencia del Tribunal Supremo (TS). En Canarias hay unos cien mil hipotecados con cláusula suelo, el mecanismo financiero por el cual la banca se ha garantizado el cobro de intereses en el caso de una bajada de los tipos que, sin dicha cláusula, beneficiaría a los hipotecados. Por esta vía, las entidades financieras que operan en las Islas han sustraído a sus clientes un mínimo de 500 millones de euros. Una cifra estimada a la baja con los pocos datos constatables que se tienen sobre el número de afectados, precisamente por la falta de transparencia con que se ha incluido esta cláusula en los préstamos hipotecarios.
El debate ahora se centra en la retroactividad de las cantidades a devolver: si a partir de mayo de 2013, fecha en que el TS consideró nulas dichas cláusulas, o desde la firma de cada escritura, como ha apuntado esta misma semana la Comisión Europea corrigiendo la doctrina del alto tribunal español: "El problema es que la Comisión Europea no legisla, solo recomienda y su opinión no es vinculante", recuerda Miguel Vieito, abogado de Indemnización Garantizada, uno de los despachos que concentra un creciente número de reclamaciones de devolución por este concepto en las Islas. La media de cinco afectados por día que atiende este asesor jurídico en sus despachos de la provincia de Las Palmas da una medida de la avalancha de reclamaciones que se están recibiendo los juzgados de toda España: más de dos millones en toda España.
"La banca está tratando de aminorar el impacto económico de lo que tiene que devolver realizando una serie de movimientos que hagan creer al cliente que su problema está resuelto, cuando no es así", advierte Vieito. Opinión que comparte su colega tinerfeña Silvia Camejo, desde su experiencia como asesora de Adiós Cláusula Suelo: "Algunas entidades han reaccionado regulando el tipo de interés y negociando la eliminación de la cláusula suelo a cambio de una subida del diferencial entre el interés variable y el euríbor. Lo que no deja de ser también un abuso".
Un cuerpo a cuerpo
Para ambos expertos se trata de "pequeñas trampillas" que en algunos casos son aceptadas por los clientes por la falta de conocimientos financieros. Pero muchos de las afectados están optando por la vía judicial, en la que se ganan casi todas las reclamaciones: "La mayoría se ganan porque no cumplen los criterios de transparencia", explica Silvia Camejo. Miguel Vieito, por su parte, considera que "la banca no acepta negociar, y menos a nivel individual. Es una batalla judicial, un cuerpo a cuerpo con la banca que se está ganando desde que el Supremo dictaminó que ha habido un enriquecimiento injusto".
"El miedo a demandar", según Camejo, y la falta de recursos económicos para la provisión de fondos que hay que desembolsar en la mayoría los casos para iniciar el proceso, son los principales aliados de las entidades bancarias frente las masivas reclamaciones por las cláusulas suelo.
Dos millones de afectados y 20.000 millones de euros a devolver son cifras lo suficientemente elocuentes para dar una medida de la dimensión y envergadura del problema que tiene la banca sobre la mesa. De ahí que tanto el Gobierno central como el Banco de España se hayan visto obligados a pronunciarse y tomar medidas en el asunto. El primero, reiterando en cada ocasión su apoyo a la banca en aras de la seguridad jurídica y la solvencia financiera; y el segundo, resolviendo a favor de las entidades financieras la mayoría de las reclamaciones de los consumidores que le llegan.
Solo la Unión Europea está poniendo en un brete los hábitos abusivos de la banca española, con diversos pronunciamientos al respecto. El más sonado: la sentencia antidesahucios de Luxemburgo, de marzo de 2013, que cuestionó la ley española por la que decenas de miles de personas han sido desalojadas de sus casas durante los últimos años. Y ahora el informe de la Comisión Europea contra las cláusulas suelo, sobre el que tiene la última palabra su Tribunal de Justicia, que previsiblemente no se pronunciará sobre la retroactividad de las devoluciones hasta mediados de 2016. También esta misma semana la Comisión Europea se ha pronunciado sobre el plazo para recurrir un desahucio, declarándolo ilegal por "no garantizar su ejercicio efectivo".
El debate sobre las cláusulas suelo ha relegado otras actuaciones financieras que han causado polémica en los últimos meses, como las comisiones por el uso de los cajeros automáticos o la proliferación de los créditos exprés en condiciones abusivas, tal y como viene advirtiendo la asociación de consumidores Ausbanc.
Quizá la cercanía de las elecciones generales reabra también el debate sobre el rescate bancario, los 60.000 millones de los que apenas se recuperarán 10.000, y el futuro de la nacionalización de Bankia, tras constatarse que las cajas de ahorro no eran solo el problema del sistema financiero español.
