La escalada del coste de los billetes de avión para viajar entre Canarias y la Península llevó al anterior Gobierno de Canarias a plantear a Madrid la necesidad de declarar la obligación de servicio público para esos trayectos. Eso habría permitido fijar precios máximos y mínimos, pero nunca contó con la anuencia del Gobierno central. Ayer el presidente del Archipiélago, Fernando Clavijo, confirmó que esa vía está descartada, ya que las autoridades de la Comisión Europea (CE) consideran que su entrada en vigor atentaría contra la libre competencia. No obstante, la ministra de Fomento, Ana Pastor, -siempre según Clavijo- mostró "predisposición" para explorar otros caminos por los que poner coto a los precios.

Estaba descartado desde prácticamente el momento en que Paulino Rivero -anterior jefe del Ejecutivo canario- inició el proceso. Ni la actual comisaria europea de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, ni su antecesor en el cargo, el español Joaquín Almunia, estaban dispuestos a contemplar la posibilidad.

Lo cierto es que la desaparición de Spanair en el inicio de 2012 redujo la oferta de plazas para trasladarse desde las Islas a la Península. Empezaron a escasear también las ofertas por parte de las aerolíneas y, en la práctica, a más canarios se les encarecieron los viajes. Mucho más si estos tenían carácter urgente e intentaban hacerse con uno de los últimos asientos libres.

Madrid, Bruselas y los expertos en transporte señalaron entonces que debía ser el propio mercado el que se encargase de devolver la situación a la normalidad. Eso pasaba por la llegada de nuevas compañías aéreas a los aeródromos del Archipiélago. De hecho, lo ha demostrado el inicio de operaciones de Norwegian Air. Sus ofertas para llegar a la España continental han determinado que el resto de aerolíneas ajusten también sus precios con el fin de que la falta de competitividad no termine por expulsarlas del mercado.

Por esa senda discurren las fórmulas que Pastor se muestra dispuesta a explorar. Fomentar el incremento de la oferta es la clave. A ello puede ayudar la aplicación en Canarias de la quinta libertad aérea, la que permite ser punto intermedio de un trayecto y embarcar y desembarcar pasajeros y carga durante la escala, para lo cual también hay total predisposición por parte de Fomento, según Fernando Clavijo. De hecho, varias aerolíneas ya disfrutan de ella en aeropuertos canarios, pero la idea es impulsarla para que su número se incremente y con él también el de asientos disponibles para que los isleños puedan viajar.

Al aumento del precio de los billetes en los años pasados, Ana Pastor contrapuso el esfuerzo realizado por su departamento, que cifró en 3.641 millones de euros. En ese total incluyó los descuentos para los residentes en las Islas.

Capítulo aparte son los trayectos entre islas, donde sí es más sencillo establecer obligaciones de servicio público que, de hecho, están en vigor para garantizar la conectividad, sobre todo con las más pequeñas de las Islas. Con todo, de nuevo la escasez de la oferta provoca que en la mayoría de las ocasiones resulte más barato volar a la Península que, por ejemplo, a El Hierro o La Gomera. Incluso no faltan las ocasiones en que también cuesta menos desplazarse a Londres que a alguna de las islas mencionadas.

Esa carestía del transporte interinsular coloca también la posibilidad de incrementar hasta el 75% la bonificación para La Gomera y El Hierro en lugar del 50% actual entre las vías para hacer menos gravosos los desplazamientos a los ciudadanos del Archipiélago. Eso sí, de nuevo esta posibilidad tendrá que recorrer el camino hasta Bruselas y contar con el visto bueno de las autoridades de la CE.

Este caso sí cuenta con más probabilidades de prosperar, ya que no resulta factible un incremento de vuelos a esas dos islas, en las que ya existe la declaración de la obligación de servicio público.

En cuanto a la polémica por el supuesto desequilibrio inversor entre los puertos de La Luz y de Santa Cruz de Tenerife en favor de este último, la ministra Pastor indicó que cada puerto presenta su plan director y en el ministerio no se ha recibido ninguna petición de ninguna Autoridad Portuaria para cambiar el suyo.