El Gobierno ha aprobado hoy el real decreto que culmina el proceso de adaptación de la normativa española a la Unión Bancaria y que fija las nuevas reglas para actuar de forma temprana y evitar el colapso de una entidad, así como su posterior resolución.

Se trata así de evitar futuras crisis financieras en Europa y para ello las entidades deberán presentar al menos anualmente una hoja de ruta al supervisor en la que explique cómo reconduciría su situación, por ejemplo, a través de medidas para reforzar su capital o mejorar su posición de liquidez, previendo distintos escenarios.

De esta forma la entidad estaría preparada para evitar su colapso, pero si no es así entraría en fase de resolución y el Banco de España, o la CNMV para las empresas de servicios de inversión, determinarán las medidas.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Economía, el rescate siempre se haría teniendo en cuenta que los accionistas serán los primeros en afrontar pérdidas y no los contribuyentes, y garantizando los depósitos de hasta 100.000 euros.

Además, se modificarán las aportaciones de la banca española al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para que en 2024 esté cubierto como mínimo el 0,8 % de los ahorros de hasta 100.000 euros, lo que supone aproximadamente unos 6.400 millones.

Al mismo tiempo se irá engordando el nuevo fondo de resolución europeo, cuyo objetivo es que atesore el 1 % de los depósitos garantizados, lo que supone una aportación mínima de los bancos españoles de unos 5.300 millones de aquí a 2024.

En conclusión, la factura mínima para la banca española a ambos fondos asciende a un total de 11.700 millones.