El Tribunal Supremo ha ordenado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que asuma todas las denuncias por estafa que presenten contra Bankia los preferentistas de las cajas que la integraron al entender que no puede restringir su investigación al diseño de estos productos, sino también a su venta. Así lo ha establecido la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en un auto en el que determina que no son los juzgados territoriales los que deben hacerse cargo de estas denuncias, como venía ocurriendo hasta ahora después de que la Audiencia Nacional excluyera de su investigación el proceso de comercialización de las preferentes.

Para el Supremo, la intervención de los empleados de cada sucursal "tiene un carácter fraccionario enmarcado en un comportamiento más amplio de la entidad, que debe valorarse desde antes de la relación directa con el cliente, a partir del diseño del producto, cuya venta se pretende calificar de estafa".

Es decir, no se puede someter a procedimientos separados la venta de estos productos de su diseño, por el que está imputada la cúpula de las cajas que formaron Bankia.

Todo ello sin entrar a valorar la calificación de las eventuales responsabilidades penales para los administradores últimos del banco ni tampoco para los empleados de cada sucursal. Con esta decisión, el Supremo trata de evitar una hipotética disparidad de criterios en el asunto de las preferentes, que pueda conllevar, por ejemplo, que los máximos responsables que las idearon sean absueltos y los directores y trabajadores de las oficinas que las recomendaron o colocaron al cliente sean condenados.