Se estrecha la investigación en torno a Air Europa sobre el cobro supuestamente fraudulento de las subvenciones del 50% en coste de los billetes aéreos a los residentes de Canarias y Baleares. La querella presentada por la fiscalía de la Audiencia Nacional sigue su curso y las pruebas aportadas por la misma han llevado al juez que investiga el caso, Eloy Velasco, a la comprobación de los datos facilitados inicialmente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil y por la Policía Nacional. En concreto, el magistrado está tratando de confirmar ante la propia compañía aérea, integrada en el holding turístico Globalia que preside Juan José Hidalgo, que los "miles de billetes" rastreados en la investigación policial fueron tramitados de forma fraudulenta ante el Ministerio de Fomento.
De hecho, Velasco habría remitido recientemente a Air Europa un escrito solicitándole la entrega antes del 9 de diciembre de más de 3.300 billetes despachados entre enero de 2009 y julio de 2013 a residentes de los territorios beneficiarios de las subvenciones, para comprobar si el precio al que se vendieron se corresponde con la ayuda solicitada luego ante Fomento, según publicaba ayer el portal turístico preferente.com. Fuentes de la Audiencia Nacional declinaron ayer confirmar este extremo amparándose en que la investigación está bajo secreto de sumario, mientras que desde la compañía aérea rechazaron hacer cualquier comentario al respecto.
La querella presentada por la fiscalía en octubre pasado tiene su origen en la denuncia que a su vez registró ante la Audiencia Nacional la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) en marzo del 2014 sobre una supuesta estafa al Estado por el cobro indebido y fraudulento de las subvenciones a residentes, que el sector cifra entre los 80 y los 120 millones. Esa denuncia fue inicialmente desestimada por la Audiencia Nacional considerando que era competencia de los juzgados territoriales, pero el recurso posterior de la plataforma de agencias de viajes alegando que afectaba a varios territorios y que el fraude se hacía sobre el Estado, provocó la intervención de la fiscalía.
Las posteriores investigaciones policiales rastreando miles de billetes en busca de irregularidades a la obtención de las ayudas llevó a la fiscalía de la Audiencia Nacional a presentar la querella en curso de investigación.
Evidencias en el cobro
El presidente de CEAV, Rafael Gallego, aseguró ayer que "si la Fiscalía ha llevado adelante la querella es que debe haber considerado que hay evidencias de cobro fraudulento de las subvenciones tal como nosotros planteamos en la demanda y como venimos denunciando ante el ministerio de Fomento desde el 2007". Recuerda en este sentido que desde que el caso pasó a los tribunales, el Ministerio "se ha puesto las pilas" y ha llevado a cabo inspecciones que han descubierto cobros fraudulentos que "en algún caso han supuesto el cierre de alguna compañía", en referencia a Islas Airways, la aerolínea canaria que operaba entre islas y cuya investigación por parte de Fomento la abocó al cierre en noviembre de 2012.
La querella del fiscal contra Air Europa hace responsables de las supuestas irregularidades a Juan José Hidalgo, presidente del holding turístico en el que se integra la aerolínea, y por extensión a todas las empresas del grupo, por lo que no se descarta que él mismo o cualquiera de sus directivos tenga que comparecer ante el juez. Se da la circunstancia de que estas investigaciones y la causa en la Audiencia Nacional se agiliza pocas semanas después de que Air Europa y Fomento hayan llegado a un acuerdo para cerrar la investigación administrativa abierta por el Ministerio. Según ese acuerdo, Globalia pagará 13,5 millones a Aviación Civil por la diferencia entre el descuento real aplicado por Air Europa a los billetes a los residentes, y el cobro de esas ayudas trasladado al Ministerio. Según esta práctica, la empresa emitía billetes a bajo precio y en determinadas promociones incluso gratis sobre los que luego, sin embargo, liquidaba el cobro como si se tratara de tarifas normales.
Para Rafael Gallego, "cualquier acuerdo al que puedan haber llegado sobre esa investigación administrativa no tiene por qué incidir en la causa judicial".
