Abengoa, la multinacional andaluza que se encaramó a posiciones de liderazgo mundial en el ámbito de la ingeniería, las energías renovables y el medio ambiente, y que ayer solicitó el mayor preconcurso de acreedores de la historia empresarial española, dispone de cuatro meses para renegociar una deuda asfixiante y evitar el concurso.
Con 26.000 trabajadores en 80 países (7.000 en España), Abengoa no sólo es un gigante global en los sectores en los que opera, sino que logró convertirse en una referencia tecnológica de vanguardia y en uno de los estandartes de la capacidad española para innovar, internacionalizarse y competir en negocios con alto valor añadido y considerados de futuro, como el medio ambiente y las energías renovables, en las que España fue elogiada en 2009 por el presidente de EE UU, Barack Obama, como ejemplo a seguir.
Ayer Abengoa siguió su derrumbe en Bolsa, con una caída adicional del 40%, hasta los 0,252 euros por título. Desde el 3 abril, cuando cotizó a 3,417 euros, acumula un desplome del 92,62%.
El estelar crecimiento del grupo fue determinante en sus actuales vicisitudes porque, como muchos otros grupos empresariales, fió su expansión a un endeudamiento galopante a partir de los años 90 del pasado siglo, cuando la euforia, el optimismo, el crédito abundante y los tipos de interés bajos dibujaron un escenario que se interpretó como la fiesta perfecta, y además sin visos de caducidad.
Malas noticias
Abengoa debe a los bancos más de 9.000 millones, pero su deuda total suma unos 20.000 millones. Esto fue sostenible mientras los mercados confiaron en su capacidad de pago, pero todo se torció cuando surgieron dudas el año pasado en EE UU sobre su filial Abengoa Yield. A eso se sumó el empeoramiento regulatorio por el Gobierno de las primas de las renovables (aunque España sólo le aporta el 14% del negocio), el hundimiento del precio del petróleo, que compite con las energías renovables; la marcha de su consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, en mayo de este año y las pérdidas de 194 millones hasta septiembre por el saneamiento de Yield, todo lo cual desencadenó la inquietud de los acreedores.
El Gobierno descartó ayer el rescate público de la empresa y la financiación del ICO, como pidieron sindicatos e izquierda. El ministro de Industria, José Manuel Soria, insistió en que espera una solución para la empresa, cuya situación es "extremadamente delicada", pero recordó que no son épocas en las que el Estado pueda inyectar capital en una empresa privada.
La Junta de Andalucía emplazó a la banca a implicarse como España se implicó con ella.
