La Fiscalía ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que admita a trámite la querella presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa contra el expresidente de su consejo de administración Felipe Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega por haberse adjudicado indemnizaciones millonarias poco antes de que la firma presentara el preconcurso de acreedores.
El fiscal José Perals aprecia en Benjumea y Sánchez Ortega indicios de delitos de administración desleal al haber "antepuesto sus intereses personales" a los de la sociedad. Además, atribuye al ex consejero delegado otro delito de uso de información privilegiada.
El representante del Ministerio Público requiere que los querellados presenten sendas fianzas por el valor de las cantidades cobradas como consecuencia de las indemnizaciones o cláusulas de sus contratos para asegurar las posibles responsabilidades que puedan derivarse de la causa. Benjumea se llevó una indemnización por importe de 11,4 millones de euros poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores. Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, 4,4 millones, a los que habría que sumar 3,3 millones en concepto de "bonus variable" que percibirá "a cuenta de 2015 hasta su salida". Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó "fuertes posiciones bajistas" en relación con los valores de Abengoa.
La empresa internacional de origen sevillano, especializada en actividades de ingeniería y construcción destinadas a la producción de energías renovables, presentó el pasado 25 de noviembre un preconcurso de acreedores lastrada por su alto endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.
La compañía negocia ahora con sus acreedores la búsqueda de una solución que evite el que sería el mayor concurso de la historia de España y afectaría a alrededor de 6.000 trabajadores en España.
