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El Tribunal europeo avala las ayudas fiscales a navieras inscritas en Canarias

Bruselas exigía a inversores y bancos que devolvieran más de 125 millones de euros - El Registro Especial de Buques contempla deducciones de hasta un 30%

El Tribunal europeo avala las ayudas fiscales a navieras inscritas en Canarias

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala las bonificaciones fiscales obtenidas por las empresas navieras y los inversores registrados en Canarias para la construcción y arrendamiento de buques. Después de dos años de incertidumbre, la sentencia conocida ayer desautoriza la orden de la Comisión Europea para que se devolvieran las deducciones fiscales a las que se acogieron los inversores entre 2007 y 2011, al considerar ilegales estas ventajas por ser ayudas de Estado. La suma estimada de las posibles devoluciones se elevaba a más de 125 millones de euros.

El régimen de arrendamiento financiero, conocido como tax lease, permitía importantes bonificaciones de impuestos y atrajo a destacados inversores a la construcción naval, la mayoría grandes empresas y entidades financieras. Estos inversores constituían agrupaciones de interés económico (AIE) en forma de navieras con sede fiscal en Canarias a través del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, incentivo contemplado en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas. Se crearon más de 30 sociedades en esta etapa.

Entre estos inversores destacan compañías de renombre como Inditex, Mango, Ferrovial, El Corte Inglés, Ikea o Grupo Cortizo, y entidades financieras como el Banco Santander, Popular, Pastor y varias cajas. En el caso de la primera, la multinacional controlada por Amancio Ortega llegó a participar en una decena de AIE domiciliadas en el Archipiélago, ahora ya disueltas (Naviera Berlín, Naviera Covadonga, Naviera del Guadiana y Naviera Venus), de las que nunca llegó a poseer más de un 50%. También empresas extranjeras como Ikea tomaron parte en operaciones de tax lease atraídas por la rentabilidad de este incentivo. El beneficio mínimo en reducción de impuestos llegaba en la mayoría de los casos al 20% o el 30%, lo que se traducía en unas exenciones fiscales del orden de entre tres a 4,5 millones de euros por operación, en función del precio del barco.

El Tribunal europeo considera en su fallo que no está "suficientemente motivada" la conclusión a la que llegó Bruselas de que este mecanismo falseaba la competencia y afectaba al mercado interior comunitario. La sentencia establece que "cualquier operador podía beneficiarse de las ventajas fiscales efectuando cierto tipo de operaciones, que cualquier empresa sin distinción podía realizar en idénticas condiciones".

Entre 2002 y 2011 el sector naval español vivió una etapa de auge en la construcción de grandes buques que requerían inversiones superiores a los 100 millones de euros. Por ello, a los astilleros y armadores se unían empresas e inversores para respaldar este tipo de operaciones y beneficiarse de las ventajas fiscales que les suponían, entre ellas pagar menos impuestos de sociedades. Esta situación acabó abruptamente cuando el comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, estimó una demanda presentada por Holanda. El parón en la construcción de buques en estos dos últimos años ha supuesto un duro revés para el sector naval español y la incertidumbre para los inversores, que eran los directamente afectados ya que Bruselas había solicitado que devolvieran las ayudas recibidas entre 2007 y 2011.

La lluvia de demandas ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo no se hizo esperar, entre ellas varias de las navieras que se inscribieron en el Registro Especial de Buques de Canarias. Muchas de las navieras creadas en forma de agrupaciones de interés económico se han ido disolviendo en los últimos años, una vez que consiguieron su objetivo de intermediación y beneficiarse de las ventajas fiscales.

Tras conocerse la sentencia, la Comisión Europea reaccionó con cautela y se comprometió a analizarla para después decidir los pasos a dar, si bien contra el fallo cabe un recurso de casación ante el propio Tribunal europeo en el plazo de dos meses.

Por su parte, los astilleros, agrupados en Pymar, mostraron su satisfacción después de la incertidumbre que pendía sobre el sector y advirtieron que estudiarán la presentación de una reclamación por daños y perjuicios debido a las enormes pérdidas sufridas en este periodo.

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