Las entidades bancarias, a excepción de las tres grandes -BBVA, Santander y CaixaBank-, han cerrado dos grandes alianzas para adaptarse al Real Decreto Ley 11/2015 que regula el cobro de comisiones por la utilización de los cajeros automáticos. La norma, aprobada en la primera semana de octubre, daba hasta el 1 de enero a las entidades financieras para adaptarse al nuevo marco, que prohíbe expresamente que se cobre directamente a los usuarios.
Son las empresas las que deben arreglar cuentas entre sí. Cuando un ciudadano haga uso de su tarjeta en el cajero de un banco del que no es cliente, este pasará la factura a la entidad que sí es depositaria de los ahorros. La amplitud de las redes de cajeros de BBVA, CaixaBank y Santander les permite continuar en solitario. Sin embargo, las entidades de menor tamaño han establecido alianzas para garantizar a sus clientes la cercanía de dispensadores de dinero en los que no se les cobrarán los dos euros que habrán de pagar si hacen uso de la red -y no tienen cuenta abierta- de los tres gigantes mencionados.
Bankia y Sadabell
El primero de los dos grandes bloques lo encabeza Bankia, que se ha unido a Sabadell y Euro 6000. En la última se integran Kutxabank, Ibercaja, Grupo Liberbank, BMN, Abanca, Unicaja, Caja España-Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença y Cecabank. Según informó la entidad que alumbró, junto a otras seis, La Caja de Canarias, el acuerdo pasa por "repercutirse entre ellas un coste de 0,65 euros" independientemente de cuál sea la cantidad de la que decidan disponer los clientes.
En un ejemplo práctico, un cliente de Bankia utiliza un cajero de Banco Sabadell y este último cobra al primero esos 65 céntimos; evidentemente, lo mismo ocurriría en sentido contrario. Será después el banco el que decida si traslada el coste -"en todo, en parte o exime totalmente"- a su cliente. El mayor o menor precio final vendrá determinado por el tamaño del vínculo con el banco (planes de pensiones, seguros, inversiones...).
Cierto es que el pacto rebaja de manera sustancial las comisiones que se venían cobrando por esta utilización de los cajeros automáticos de banco ajenos. Además, "el acuerdo deja libertad a las entidades firmantes para que apliquen las comisiones que estimen oportunas" a las que no están incluidas en esta alianza.
La entente suma 409 dispositivos dispensadores de efectivo en Canarias -358 en la provincia de Las Palmas y 51 en la de Santa Cruz de Tenerife- y 17.808 en toda España, el 37% del total del parque existente en el país. Euro 6000 es quien mayor aportación hace, con 9.003 dispositivos; le siguen Bankia (5.559) y Banco Sabadell (3.246).
En el otro gran bloque que ha logrado cerrar un acuerdo se inscribe Cajamar -el gran grupo de rurales con el que se fusionó la de la provincia de Las Palmas-, Bankinter, Popular, Banca Pueyo, Banco Camino y el resto de cooperativas de crédito agrícola de España, entre ellas la tinerfeña Cajasiete. En total, 7.700 cajeros en todo el país, cerca de 200 en el Archipiélago.
Tanto Bankinter como Banco Popular ya han manifestado que no van a cobrar nada a sus clientes por la utilización de los servicios de cualquiera del resto de entidades incluidas en la alianza, mientras que Cajamar ha señalado que los suyos podrán beneficiarse de "exenciones y tarifas especiales" sin detallar cuál será el coste exacto para los usuarios.
Las alianzas cerradas afectan únicamente a la obtención de dinero a débito. En el caso de las tarjetas de crédito, las entidades podrán aplicar las comisiones y tipos de interés habituales por este tipo de transacciones. En España están operativos en la actualidad 50.479 cajeros automáticos.
El real decreto impide que las entidades emisoras de las tarjetas trasladen a los clientes finales un coste mayor del que les repercute a ellas la propietaria del cajero del que se ha hecho uso. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, lo impulsó desde el momento en que se tuvo conocimiento de que CaixaBank, BBVA y Santander -las dos últimas no llegaron a hacer efectiva la medida- cobrarían dos euros a los no clientes que usaran sus cajeros. Además, a estos usuarios también les cobraban ya sus bancos, lo que suponía un doble pago tajantemente prohibido por la normativa.
La reacción de las organizaciones de usuarios de banca y de consumidores en general provocó la alerta y el Ejecutivo central reguló en tiempo récord para evitar que se judicialice una práctica tan habitual como los reintegros por cajero.
