¿Hemos aprendido algo de esta crisis?
Siempre se aprende en periodos de crisis. Nuestras autoridades han aprendido la necesidad de definir y coordinar la regulación y supervisión a nivel internacional, y de ahí que el proceso de la unión bancaria haya avanzado más durante estos años que si no hubiese habido crisis financiera. La sociedad ha aprendido lo importante que es tener un sistema financiero desarrollado y eficiente porque ha visto los problemas que surgen cuando una parte del sistema bancario no funciona adecuadamente. Sin embargo, son muchas más las lecciones que deberíamos haber aprendido y que no está claro que lo hayamos hecho.
¿Como cuáles?
Las malas prácticas surgen por la condición humana y las personalizamos en exceso sin darnos cuenta de que la clave está en el diseño de incentivos que configuran nuestras instituciones y leyes. Serían estos dos últimos aspectos sobre los que deberíamos poner énfasis para mejorarlos y cambiarlos. Es preciso aceptar que las entidades bancarias tienen incentivos al asumir riesgos cuando invierten con un 90% de fondos ajenos proporcionados por los depositantes y sólo un 10% de la inversión se realiza con capital propio. Por ello, la regulación y supervisión financiera deben tener un carácter mucho más dinámico para ser eficaces. La intervención y rescate de entidades bancarias debe ser más rápida, diferenciando entidades viables de las insolventes, e imponer mayores pérdidas y sanciones a los responsables de la insolvencia. No hacerlo es la semilla de crisis futuras.
¿Y por qué no se ponen en marcha ese tipo de medidas?
La crisis financiera en España ha tenido dos características básicas que han condicionado la intervención. La primera es su dimensión. El Estado no podía disponer de 61.000 millones para rescatar a las cajas de ahorros. Esto ha retrasado la intervención hasta que la troika diseñó un mecanismo de rescate del sector y ha originado costes elevados en términos de menor crecimiento económico. La segunda característica es que ha sido una crisis de la banca pública, de las cajas de ahorros, y esto ha retrasado la intervención, además de condicionar la imposición de unas sanciones y disciplina reducidas a los responsables debido a que sancionador y sancionado tenían claros vínculos.
Entonces, ¿se actuó tarde?
Sin duda. Siempre es difícil saber la intensidad de un problema de insolvencia, y en el caso español dependía básicamente de cómo se valorasen los activos inmobiliarios en los balances bancarios, pero está claro que nuestras autoridades negaron el problema de insolvencia más allá de lo razonable.
¿Qué deberían haber hecho?
Desde mediados de los años 70 ha habido 134 crisis bancarias sistémicas en 94 países que han sido estudiadas. De esa investigación sabemos que cuando aparecen crisis financieras es importante que las autoridades diferencien lo antes posible entidades viables de no viables para no perjudicar a las primeras y minimizar la factura del rescate y su impacto sobre el crecimiento. La aportación de capital para garantizar los depósitos es obligada pero la imposición de pérdidas y sanciones a propietarios y gestores también. Cualquier ayuda pública debe ir acompañada de condiciones en la reestructuración de activos y de cambios en los equipos directivos y órganos de gobierno. Por el contrario, aumentar los requerimientos de capital por igual a todas las entidades o aportar fondos vía deuda a tipos de interés elevados son medidas contraproducentes.
Ha habido voces que fomentaban una banca pública.
Los estudios muestran que en muchos países la banca pública asigna peor el crédito que la banca privada y favorece en menor medida el crecimiento económico. El programa de concesión directa de crédito a pymes del Instituto de Crédito Oficial entre 2010 y 2012 fue un fracaso y la tasa de proyectos fallidos superó el 40%.
¿Entonces se hizo lo correcto al transformar muchas cajas en bancos?
Es difícil de valorar todavía. En la mayoría de los nuevos bancos se ha reducido la influencia política, pero muchos de los directivos de las nuevas entidades no están sometidos a la disciplina de entidades cotizadas y controlan los consejos de administración en lugar de ser controlados por ellos.
Sostiene que hay muchos directivos que se han ido de esta crisis con total impunidad.
Sin duda. Habría que diferenciar la responsabilidad de una mala gestión, que debiera ser penalizada con el desplazamiento del puesto directivo, de las responsabilidades fraudulentas cuya evaluación correspondería a los tribunales. Estos últimos casos son los que más resonancia social están teniendo, pero ambos tipos de disciplina son relevantes y la salida de responsables de una mala gestión con retribuciones e indemnizaciones millonarias, pensadas para periodos de no crisis, no desincentiva que se repitan malas prácticas en el futuro. Al menos una razón por la que no se ha impuesto la disciplina adecuada ha sido que muchos de estos responsables tenían claros vínculos con los encargados de imponer dicha disciplina.
¿Qué consecuencias a futuro puede tener no meter tijera a estas indemnizaciones?
La imposición de sanciones y disciplina es fundamental para reducir la probabilidad de crisis futuras. Si los gestores y propietarios anticipan que no van a soportar pérdidas de una mala gestión o de asumir excesivos riesgos mientras que disfrutan los beneficios de tales prácticas tenderán a realizarlas incluso en mayor medida.
¿Falta independencia en la banca?
Es fundamental que las autoridades reguladoras y supervisoras sean independientes del propio sector bancario que regulan y supervisan, y también independientes del poder político. Esto se sabe desde hace mucho tiempo y por ello prácticamente todos los bancos centrales tienen sus leyes de autonomía, que en el caso del Banco de España es de 1994. Sería conveniente reforzar dicha normativa endureciendo los regímenes de incompatibilidades y reduciendo la influencia gubernamental.
¿La Unión Bancaria en Europa puede ser una solución de cara a prevenir futuras crisis?
Sería fundamental, pues el creciente tamaño de las entidades y la globalización de sus actividades impiden que un Estado individual pueda garantizar los depósitos en caso de quiebra bancaria y supervisar adecuadamente. Por eso, la unión bancaria supone trasladar a nivel europeo los mecanismos nacionales y resulta algo obligado. Además, resultaría necesario también dotar de autonomía a los mecanismos de la unión bancaria para evitar los errores vistos en la crisis actual y de esto no se está hablando.
