Un centenar de empresas canarias aparecen en la lista negra de grandes morosos con la hacienda pública en España, que incluye a 4.855 personas físicas o jurídicas con una deuda total de 15.600 millones de euros. Más de 320 millones corresponden a compañías de las Islas. La Agencia Tributaria publicó ayer por primera vez la identidad de quienes tienen deudas y sanciones pendientes de pago a 31 de julio de este año, que superan un millón de euros y no se encuentran suspendidas ni aplazadas. Tres días después de las elecciones generales, se cumple una vieja promesa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ante la exigencia de mayor transparencia por parte de la ciudadanía.
El listado engloba muchas empresas quebradas, sobre todo víctimas del estallido de la burbuja inmobiliaria. Cientos de constructoras y promotoras inundan el documento. El pinchazo del boom de la construcción dejó en la ruina a negocios que tampoco han podido hacer frente a sus obligaciones tributarias. Numerosas sociedades de todos los sectores, incluido el turístico, tratan de superar los estragos de la crisis a través de los concursos de acreedores.
La publicación recoge 345 personas físicas con una deuda global de más de 700 millones y 4.510 personas jurídicas que adeudan 14.900 millones. De la cuantía global, más de 6.500 millones de euros (el 42%) pertenecen a entidades en proceso concursal, casi 1.700 deudores, el 35% del total.
La lista de morosos sólo representa el 30% de la deuda total pendiente de cobro por Hacienda, que asciende a 52.200 millones de euros, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El sindicato advierte de que, de acuerdo con el ratio de cobro de estas deudas que el Estado ha reconocido ante Eurostat, se podrían perder unos 8.834 millones de este listado de 15.600 millones de euros porque la mayoría de los deudores son en su mayoría sociedades en concurso y algunas en liquidación.
En concreto, el registro contempla las deudas impagadas por un centenar de empresas de Canarias, unas 70 en la provincia Las Palmas, que arrastran más de 185,3 millones de euros sin regularizar; y más de 50 negocios en la de Santa Cruz de Tenerife, que deben al erario público 134,8 millones de euros.
Promotafe-Grupo Dunas, en concurso de acreedores para reorganizar sus problemas financieros, se sitúa a la cabeza en el ranking regional, al deber a Hacienda 14,1 millones de euros. Entre los defraudadores en la provincia oriental, la constructora Beleyma, sin actividad, adeuda seis millones. Igualmente, se hallan Freiremar y Pescenescal, que deben 5,7 millones cada una; mientras que Canteras de Cabo Verde, conocida por la polémica del caso Tindaya, adeuda de 4,7 millones. La extinta firma de catering Vanyera 3 debe 1,6 millones; y el Grupo Santana Cazorla, 1,4 millones. También está señalada Fundescan, la fundación de UGT en las Islas que prestaba servicios de orientación laboral. Ya no está operativa, pero debe 1.054.470 euros.
En la provincia tinerfeña lidera la tabla de morosos la empresa Operadores Vacacionales, en liquidación, con una deuda con el fisco de 12,6 millones. A continuación se encuentra Playa de Las Teresitas, desaparecida en la práctica, con 11,9 millones; y la inmobiliaria Bameco, con 9,9 millones.
El Gobierno alega que la divulgación del listado tiene un fin ejemplarizante y representa un incentivo para que las empresas cumplan sus obligaciones tributarias ante el riesgo de ver afectada su reputación al desvelarse su nombre en una lista de malos pagadores con Hacienda. La relación dejará de ser accesible una vez transcurridos tres meses desde la fecha de su publicación.
No obstante, asesores fiscales advierten de un "fallo" en la Ley General Tributaria, ya que en la lista expuesta pueden aparecer deudas que no son firmes en vía administrativa o judicial. Se puede dar la circunstancia de que se revelen empresas que actualmente estén pleiteando contra la Agencia Tributaria al estar en desacuerdo con el impago que se le imputa y que los tribunales aún no se han pronunciado. "Si al final la Justicia da la razón a la empresa que ya ha sido castigada al aparecer en este listado, la ley no establece un mecanismo de perdón por manchar su nombre", remarcó uno de los expertos consultados.
