El Gobierno de Canarias ha hallado la fórmula para no perder, en parte, el tren de las energías renovables. Lo logra con un autorregate a la tramitación medioambiental que hasta la fecha intentaba cumplir. La iniciativa, "perfectamente anclada en la normativa", según Rosa Dávila, que ayer actuó como portavoz accidental del Ejecutivo, exime a 16 parques eólicos -140,8 megavatios- de la necesidad de contar con declaración de impacto ambiental (DIA), con lo que llegarán a tiempo de inscribirse, antes de que se cierre el plazo el último día del año en el registro que les da derecho a percibir la retribución específica de 186 euros por megavatio hora aprobada por Madrid.
Tras casi veinte años intentando incrementar la presencia de fuentes de generación limpias en el mix energético, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, por un lado, y la de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, por otro, han encontrado el camino para conseguirlo. Los 140,8 megavatios que se aceleran con esta medida son solo una parte de los que saldrán adelante antes del jueves. Otros cerca de 200 sí contarán con DIA, con lo que el Gobierno de Canarias logrará que cristalicen cerca de 340 megavatios, el 75,5% del cupo habilitado por Madrid. Según señaló ayer el viceconsejero de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Adrián Mendoza, hasta el último momento se sigue "trabajando para cubrir al máximo" los 450 megavatios dispuestos por el ministerio que dirige José Manuel Soria.
La consigna es agotar las posibilidades, porque el Ejecutivo canario sabe que difícilmente se instalará la potencia que quede sin el abrigo de la retribución de 186 euros por megavatio hora aprobada por el Gobierno central para el Archipiélago.
Los precios que recibirían esos inversores quedarían al socaire de una subasta energética configurada en el sistema peninsular, muy alejado de la realidad isleña, dado que allí existen fuentes de generación -nuclear, hidroeléctrica...- que abaratan el precio final y con las que resulta imposible competir desde las Islas. Eso aparte de los mayores costes de instalación en un territorio como Canarias y las dificultades de amortización por el menor tiempo de uso de los aerogeneradores erosionados por los elevados índices de humedad y salinidad que padecen en las zonas costeras de las Islas.
"Todos los parques eólicos que van a estar en el anexo de este decreto han sido declarados estratégicos", relató ayer Rosa Dávila. Por tanto, los 16 han pasado y merecido la atención del Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos puesto en marcha por el anterior Ejecutivo regional presidido por Paulino Rivero y recogido por el actual de Fernando Clavijo para recortar a la mitad los tiempos de tramitación burocrática.
Según confirmaron otras fuentes, fue la Viceconsejería de Medio Ambiente la que encargó un informe jurídico para explorar la posibilidad de dar vía libre a parques eólicos que no contaran con DIA. La Secretaría General Técnica no halló problemas para impulsar la medida y también el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dio su visto bueno a la medida.
De nuevo el clima de entendimiento actual entre los gobiernos canario y central posibilita encontrar un camino que beneficia a todos. Hace escasamente un año, y a pesar del mutuo interés por promover las energías limpias, la falta de sintonía política derivaba en encontronazos que impedían la instalación de potencia eólica.
La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento que dirige Pedro Ortega explicó ayer en un comunicado que la decisión adoptada ayer "se fundamenta en el artículo 8.3 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental", de ámbito estatal. Este sostiene que debe ser "el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma" el que, "en supuestos excepcionales", puede "excluir un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto medioambiental". En la misma línea, Rosa Dávila señaló tras la reunión del Consejo de Gobierno que permitir que estos 16 proyectos salgan adelante sin DIA no supone eliminar "ningún procedimiento respecto a los informes preceptivos" con los que deberán contar para instalarse.
La excepcionalidad de la situación la determinan los 187 millones de euros de inversión que supondrá la instalación de estos proyectos. Medido en términos de empleo, y siempre según el Ejecutivo canario, suponen la contratación de 990 trabajadores "durante su fase de construcción", mientras que su mantenimiento requerirá de la labor de 285 empleados.
765 millones de euros
La instalación de estos parques eólicos supone, además, un ahorro de 38,25 millones de euros anuales al sistema eléctrico español o, lo que es lo mismo, 765 millones de euros durante los próximos 20 años, tiempo promedio de vida de los aerogeneradores. Cada megavatio hora generado con el viento abarata en un tercio el obtenido a través de la combustión de hidrocarburos, fuente que en la actualidad supone más del 90% de la generación eléctrica en el Archipiélago.
También el medio ambiente se beneficiará de la puesta en marcha de estos parques eólicos. Siempre según cálculos del propio Ejecutivo canario, los 16 en su conjunto evitarán la emisión a la atmósfera de 316.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), 6,3 millones de toneladas durante los dos decenios durante los que discurrirá su tiempo de vida útil.
