Al menos 1.700 familias canarias se han quedado sin las ayudas de entre 90 y 400 euros al mes con las que contaron en el momento de hipotecarse para adquirir una vivienda de protección oficial (VPO). El recurso de inconstitucionalidad planteado por los afectados fue rechazado el pasado 27 de noviembre por el Tribunal Constitucional, con lo que la vía judicial está agotada. Contemplan un cambio en el Gobierno central como única vía para recuperar dichas cantidades, que en muchos casos les permiten mantenerse al día con los bancos. En toda España, el número de afectados supera los 300.000.
La cifra total de afectados en el Archipiélago es, con toda probabilidad, más amplia. Los 1.700 son quienes recibieron el impacto del real decreto 20/2012, el primer intento del Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor por acabar con esta subsidiación de préstamos para VPO.
"Lo redactaron mal", señala la portavoz de la Coordinadora de Afectados tanto en las Islas como en toda España, Nathalie Santos. Los defectos de la norma desencadenaron recursos en cascada que, en la mayoría de los casos, fructificaron. Eso obligó a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias -el Ejecutivo central paga y el regional gestiona- a revisar todos los expedientes y enviar a Madrid la lista de quienes mantienen intacto su derecho a cobrar las ayudas.
Eso sí, solo durante unos meses más, los que tardó el Congreso de los Diputados, con mayoría absoluta del Partido Popular (PP), en aprobar la ley 4/2013, precisamente la que hace escasos dos meses el Tribunal Constitucional (TC) ha dado por buena poniendo fin a la subsidiación.
El régimen de concesión aprobado en 2008, determinó que cada hipotecado recibiera 82 euros por cada 10.000 que el banco le prestara. A partir de ahí, se estableció una casuística minuciosa que elevaba al máximo de 400 euros la cantidad a percibir en el caso de que el propietario de la VPO fuera reconocido como dependiente.
La situación de los beneficiarios quedaba sometida a revisión cada cinco años. "Es lógico que si en ese tiempo los ingresos se incrementaban mucho, se perdiera el derecho", señala Santos. Si por Fomento hubiera sido, ni siquiera se habría llegado a la primera evaluación. Los más de 300.000 afectados en toda España se convirtieron en víctimas del ajuste de las cuentas y el cumplimiento de los objetivos de déficit que imponía Bruselas.
La canaria Nathalie Santos -ha dejado de percibir un descuento de 90 euros mensuales- lamenta que el TC validara la ley después de que "expertos constitucionalistas" les dieran la razón en los diversos foros organizados para difundir el problema. Según relata, la decisión del Constitucional se basa en que la renovación de las ayudas era una "simple expectativa", ya que la norma que las consagró se redactó bajo la fórmula de "podrán renovarse", lo que otorga al Gobierno central la potestad de no hacerlo, como así ha sido.
Durante la pasada campaña electoral, la plataforma de afectados mantuvo contacto con todos los partidos políticos para conocer su postura con respecto a este problema. Todos los partidos, excepto el PP, se comprometieron a derogar la ley que les ha quitado una parte del capital con el que contaban a la hora de asumir una hipoteca. Incluso los populares reconocieron el perjuicio generado, "pero de cambiar la ley, nada", lamenta Nathalie Santos.
La pérdida de este descuento llega en el momento en que muchas familias no han podido recuperar el empleo perdido a causa de la crisis. "De golpe y porrazo, muchos se han visto en la necesidad de cambiar la hipoteca", explica la portavoz. Con el agravante, además, de que al tratarse de VPO ni tan siquiera cuentan con la posibilidad de vender y cancelar el préstamo antes de diez años.
