La deuda pública española creció en 313.219 millones en los últimos cuatro años (aún no se tienden los datos de noviembre y diciembre), lo que supone un incremento del 42% respecto al endeudamiento del conjunto del Estado al término de la legislatura precedente. Los débitos públicos (aquéllos que contabilizan a efectos del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento) superan los 1,056 billones de euros. Se trata de un récord histórico en términos absolutos y el mayor peso relativo de la deuda sobre el producto interior bruto (PIB) desde 1909, tras la gran crisis nacional de 1898.
En los diez primeros meses del año pasado (último dato disponible) la deuda pública se acrecentó en 40.000 millones, y ello pese a que el PIB aumentó en el ejercicio por encima de 3%, según todas las previsiones.
Para 2016, todos los pronósticos (incluidos los del actual Gobierno en funciones, que es el más optimista) anticipan un crecimiento menor de la economía española, que oscilará, según esas proyecciones, entre el 2,5% y el 3%. Sigue siendo un ritmo de avance importante y superior al que se estima para otras grandes economías de la UE, pero la desaceleración -que no es una atribución exclusiva para España- dificultará la lucha contra la deuda y el déficit.
El descubierto presupuestario -que contribuye a agrandar la deuda soberana-, es el otro desequilibrio que, aunque menor que en ejercicios precedentes, sigue mostrándose renuente al repliegue. El compromiso español era cerrar 2015 con un saldo negativo en las cuentas públicas del 4,2% del PIB, lo que implica que el Estado habría ingresado 44.834 millones menos de los que gasta, aun cuando el gasto público español es el sexto menor de la Eurozona desde antes incluso de la crisis.
El Gobierno asegura que España cumplirá el objetivo una vez que se liquiden las cuentas del ejercicio, y ello aunque acaba de reducir en una décima su estimación de crecimiento económico en 2015 del 3,3% al 3,2%.
Por el contrario, la Comisión Europea, el FMI, Funcas, el Servicio de Estudios del BBVA, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's y otros analistas pronostican una desviación de dos a tres décimas, lo que podría llevar el déficit estatal de 2015 hasta los 48.036 millones.
La Comisión Europea ya anunció que el próximo Gobierno español deberá modificar el presupuesto de 2016 que dejó aprobado el actual ejecutivo en funciones porque no cree que esas cuentas permitan cumplir con el objetivo de déficit de este año y porque habrá que hacer ajustes adicionales (bien por la vía de los ingresos o de los gastos) tanto para solventar este diferencial como para enjugar el incumplimiento que se haya podido producir en 2015. El compromiso español con la UE es bajar el descubierto en 2016 hasta el 2,8 del PIB, lo que supone un recorte de 1,4 puntos de PIB (un ajuste de 14.945 millones), a los que habría que sumar el deslizamiento que se haya podido producir en 2015 y que, de confirmarse la previsión de la Comisión Europea, exigirá una reducción adicional de otros 3.204 millones, lo que elevaría el esfuerzo necesario del fisco este año hasta los 18.149 millones.
En la pasada legislatura, el déficit se contrajo de forma significativa; cerró en 2012, primer año de mandato, en el 10,6% (una vez contabilizado el coste del rescate a la banca, y por encima por lo tanto del 9,4% de 2011) y culminó en 2015 en un rango entre el 4,2 y el 4,5. Se trata de una rebaja en puntos porcentuales del PIB del 57%. Sin embargo, dado que todos los países europeos han luchado contra el déficit excesivo en sus cuentas públicas, la posición relativa de España no ha mejorado en toda la legislatura: acabó 2011 como el tercer país del euro con más déficit, terminó en 2014 en esa misma posición y es probable que en 2015 haya ocurrido algo similar.
La deuda y el déficit públicos, junto con la elevada deuda privada (más de 1,65 billones de euros al cierre de septiembre pese a que ha descendido en más de 500.000 millones desde el inicio de la crisis), una deuda externa (sobre todo, privada) que supera el billón de euros en términos brutos y una deuda total que representa el 313% del PIB (la octava mayor del mundo), constituyen, junto con la tasa de paro (todavía la segunda mayor de los países de la OCDE pese a la reducción del último año y medio) las grandes vulnerabilidades de España en caso de un enfriamiento económico, un cambio en las favorables condiciones externas actuales (tipos de interés en la eurozona, petróleo y euro en niveles muy bajos) o un retorno de la desconfianza soberana.
Este año España tendrá que emitir deuda pública en el mercado por un volumen total de 226.694 millones de euros, de los que 45.000 millones serán deuda nueva y el resto, renovación de emisiones vencidas.
Mientras el BCE siga comprando 60.000 millones de bonos de la eurozona al mes, la prima de riesgo debería mantenerse relativamente controlada, aunque la calificación crediticia española ("BBB+") esté dos escalones por debajo de la del cierre de la legislatura anterior en 2011 ("AA-").
El crecimiento del PIB (que seguirá vigoroso, aunque menor al de 2015) es el principal respaldo para España. Por ello, el principal riesgo es que, por unas u otras causas, el impulso del PIB flaquee. La posible inestabilidad política no ayudaría al empeño, pero la clave fundamental son los fundamentos de la economía. La estabilidad política no es condición suficiente, aunque sea necesaria. E incluso a veces no lo es: Bélgica estuvo año y medio sin Gobierno en 2010-2011 y mejoró el déficit y el paro. E Italia, en plena turbulencia política también durante la crisis, mantuvo casi siempre su prima de riesgo por debajo de la española pese a tener una deuda pública superior.
Algo similar se constató en España en 2011. Cuando el cuestionado Gobierno de Zapatero (y, además, en minoría) anunció en julio de 2011 elecciones anticipadas y que el presidente no optaría a la reelección, la prima de riesgo española, que estaba en los 230 puntos básicos, subió en vez de bajar, y ello pese a que todas las encuestas vaticinaban un ejecutivo del PP y con mayoría absoluta. El diferencial de riesgo siguió siendo alcista aun después de haberse confirmado el 20 de noviembre el triunfo arrollador del PP, y cerró ese año en los 336 puntos tras haber tocado los 400 en diciembre. La tendencia alcista continuó durante los siete primeros meses de Gobierno de Rajoy hasta los 649 puntos básicos, que se alcanzaron el 25 de julio de 2012. El descenso comenzó el 26 de julio sin que nada hubiera ocurrido en España diferente a la víspera. De hecho, las primas habían subido en todos los países del Sur y en todos bajaron de forma simultánea a partir del 26, el mismo día en que el presidente del BCE, Mario Draghi, anunció en la City de Londres (éste fue el punto de inflexión) su compromiso de intervenir con todos los recursos a su alcance para impedir la fractura del euro y la salida de la unión monetaria de cualquiera de sus países miembro. La materialización de esta promesa, con la aprobación en octubre del plan OMT, acentuó la caída de las primas en todos los países periféricos, lo que se agudizó en 2014 con los tipos en el 0% y en 2015 con la expansión monetaria.
