15 de enero de 2016
15.01.2016

Anticorrupción pide cuatro años y medio de cárcel para Rato por las 'tarjetas black'

La Fiscalía acusa de apropiación indebida al exministro de Economía, a Miguel Blesa y a otros 64 implicados en el escándalo de Caja Madrid y Bankia

15.01.2016 | 00:41

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de cuatro años y medio de cárcel y el pago de una indemnización de casi 2,7 millones de euros a Rodrigo Rato en la causa por las tarjetas opacas de Caja Madrid y de Bankia, medios de pago que entre 1999 y 2012 utilizaron decenas de consejeros y directivos para gastos personales y sin control de Hacienda.

Anticorrupción considera al exministro de Economía y expresidente de Bankia responsable de un presunto delito continuado de apropiación indebida, el mismo que atribuye a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, para el que solicita seis años de prisión. En total son 66 las personas a las que el fiscal señala como penalmente responsables.

Rodrigo Rato está más cerca del banquillo por el primero de los tres frentes judiciales que tiene abiertos: el caso de las tarjetas black, la instrucción por la salida a Bolsa de Bankia y las investigaciones acerca de su patrimonio. La causa de las tarjetas registró ayer un avance procesal al presentar la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional su escrito de acusación. Una fechas atrás, el juez del caso, Fernando Andreu, formuló propuesta de procesamiento de 66 imputados. Se trata de la mayor parte de las más de ochenta personas que manejaron las tarjetas, cargando gastos por valor de 15,2 millones de euros sobre Caja Madrid y Bankia, entidad esta última que fue rescatada con más de 20.000 millones de dinero público.

En línea con las conclusiones del juez instructor, la Fiscalía considera probado que primero en Caja Madrid y luego en Bankia se autorizó la entrega a los miembros de los consejos de administración, de la comisión de control de la caja y a determinados directivos de unas tarjetas de crédito que podían ser empleadas para gastos de libre disposición, "incluidos gastos propios de naturaleza estrictamente personal, ajenos al desarrollo de cualquier actividad de representación de la entidad o al desempeño de funciones o tareas al servicio dela misma", señala el escrito de acusación.

Según ese relato, las tarjetas se convirtieron en un sistema retributivo sin amparo legal, opacas a Hacienda (nunca se practicaron retenciones fiscales) y sin que los beneficiarios tuvieran que presentar justificación documental alguna acreditativa de los gastos. Consejeros y directivos cargaron sobre las entidadas compras de regalos, viajes, hoteles, alcohol, joyas...

Anticorrupción expone que el sistema fue establecido con Miguel Blesa en la presidencia de Caja Madrid, quien encargó al director general Ildefonso Sánchez Barcoj la gestión de las tarjetas. Tras la llegada de Rodrigo Rato a la primera posición ejecutiva de la caja madrileña, Sánchez Barcoj le explicó el uso de las tarjetas y le entregó una. El nuevo presidente optó por "mantener el sistema establecido por su predecesor", narra la Fiscalía. Y añade que, al ser nombrado al frente de Bankia, el exvicepresidente del Gobierno y exgerente del FMI decidió que los consejeros ejecutivos y directores generales que procedían de Caja Madrid conservaran las tarjetas. Entre ellos, él mismo y su colaborador José Manuel Fernández Norniella.

El escrito de la Fiscalía acusa a 66 imputados de delitos continuados de apropiación indebida. Señala como principales responsables a Miguel Blesa, para el que pide seis años de cárcel y el pago de una indemnización de 9,3 millones, y a Rato, con cuatro años y seis meses de prisión y 2,69 millones. Anticorrupción considera que se le aplique un atenuante por haber devuelto el dinero correspondiente a los gastos que cargó a su tarjeta (cerca de 99.000 euros). Para el también Fernández Norniella, que también ha devuelto algo más de 185.000 euros, se piden tres años de prisión.

Entre los acusados figuran el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y el exministro Virgilio Zapatero.

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