Las relaciones comerciales despegan en la Red y Canarias se queda atrás. Un 30,8% de la población isleña entre 16 y 74 años compró a través de Internet a lo largo de 2014. En el conjunto del España, lo hizo un 42,4% de quienes se encuadran en dicha horquilla de edad. Recortar ese diferencial de más de doce puntos es el principal motivo que ha llevado a las Administraciones regional y estatal a crear un grupo conjunto capaz de hallar vías legales para elevar hasta los 150 euros la cantidad máxima por la que un canario puede comprar sin tener que soportar un extracoste derivado de impuestos y trámites aduaneros.
Según expuso ayer la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, conseguir ese objetivo, supondría poner bajo un sólido paraguas al 70% de las compras -más de 3.000- que se realizan por vía electrónica desde el Archipiélago. Tanto ella como el delegado del Gobierno central en las Islas, Enrique Hernández Bento, reconocieron que el camino "no será fácil".
Ambas administraciones parten de la base de que la singularidad fiscal de las Islas -no hay IVA sino IGIC, entre otras cuestiones- "obliga a tener unos trámites garantistas" que operen en la dirección de establecer un control de las mercancías que entran a las Islas. Pero también ambos consideran que el Archipiélago es territorio tan europeo como el continental y mientras en aquel el comercio electrónico galopa, aquí cojea.
Según datos del Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Octsi) hechos públicos hace dos semanas, en 2014 se movieron 447 millones de euros por esta vía, lo que supone el 1,08 % del conjunto de la economía isleña. Es decir, al necesario esfuerzo por igualar las condiciones de vida de los canarios se une la necesidad de engordar el producto interior bruto.
Hasta la fecha, solo las compras inferiores a 22 euros están exentas de trámites aduaneros. A partir de ahí, cada consumidor puede autodespachar la transacción o, lo que es lo mismo, cumplimentar el Documento Único Administrativo (DUA) a través de Internet. Sin embargo, Dávila señaló que en la reunión interadministrativa mantenida ayer con empresarios del sector, concluyeron que la herramienta "no es intuitiva". Hacer ese paso más sencillo, es otra de las tareas que se han autoencomendado.
Este primer encuentro dejará paso a otros de índole técnica en los que se analizarán los cambios normativos necesarios y la forma de acometerlos. Las reuniones se celebrarán con periodicidad semanal y también servirán para comprobar la evolución que el también llamado e-commerce tiene en Canarias.
A pesar de la actual exención, son aún muchos los ciudadanos que siguen pagando despachos aduaneros por bienes con un precio inferior a 22 euros, principalmente porque las empresas de transporte se los cargan. "Las asociaciones de defensa del consumidor tienen mucho que ver en este tema", señaló Hernández Bento. A su juicio, deberían trasladar "a esos operadores que están cobrando una cantidad indebidamente".
Nunca definitivo
El delegado del Gobierno en las Islas afirmó que los cambios que se logren instaurar ahora no podrán tenerse por definitivos, dado que el marco canario estará afectado por los cambios normativos que puedan adoptar tanto España como la Unión Europea en el futuro.
Además, Hernández Bento explicó que nunca podrán realizarse las transacciones electrónicas de forma idéntica a las del continente. "Tenemos una serie de privilegios fiscales (...) pero hay una parte no tan buena y tenemos que intentar que sea lo mejor posible". Por su parte, Dávila consideró irrenunciable que Canarias ocupe su lugar en esta modalidad comercial. "En eso estamos empeñados", enfatizó.
