La Plataforma Multisectoral contra la morosidad denunció este viernes el notable aumento del periodo medio de pago a proveedores de los ayuntamientos, las comunidades autónomas y de la Administración central. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó el pasado lunes los plazos medios de pago a los proveedores que ponen de manifiesto que en noviembre ha aumentado el tiempo que tardan en pagar las autonomías a sus proveedores al situarse de media en 61,62 días, con Extremadura, Murcia, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana por encima de los cien días.

Tras la publicación de los datos, relativos al pasado mes de noviembre, la plataforma ha subrayado el aumento de la morosidad en dicho pago que está "muy lejos del plazo legal". Pero para la plataforma, lo más "llamativo" es el empeoramiento de los ayuntamientos tras "casi duplicar" su plazo medio de pago a los proveedores, aumentando en un 40% tras pasar de 56 a 79 días.

El plazo medio de la Administración Central se ha incrementado en un 11% y el de las comunidades autónomas un 4%. Eso sí, el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la morosidad. Antoni Cañete, recordó que "el Ministerio publica siempre los datos del número en concreto de días que exceden del plazo máximo legal permitido". Cañete, por este motivo, insiste en que a esas cifras hay que añadir otros 30 días más para obtener el plazo medio de pago real.

Frente a las regiones que tardaron más de 100 días en pagar a su proveedores, Navarra fue una de las que antes pagó, ya que lo hace con una media de 26 días y también Canarias, que paga a los 37 días de media. La plataforma ha recordado que la Unión Europea prosigue con el procedimiento de infracción contra España por incumplir los plazos de pago especificados por la legislación pese al reciente comunicado del Ministerio de Haciendo en el que se asegura que Bruselas lo había suspendido.

A través de una notificación, la plataforma asegura tener conocimiento de que la UE está realizando "un seguimiento periódico de la evolución" de la directiva sobre morosidad en España para evaluar el efecto de la reciente aplicación de las medidas estructurales y voluntarias en los pagos de las autoridades públicas españolas. "La tendencia positiva que emprendieron las Administraciones Públicas se ha deteriorado. Queremos que se reconduzca esta situación para converger con los plazos de pago que marca la UE", aseguró Cañete.