El Tribunal Supremo cerró ayer la puerta a que los grandes inversores puedan recuperar el dinero que invirtieron en la salida a Bolsa de Bankia. El organismo judicial reconoce que en el folleto de la operación pública de suscripción (OPS) con el que la entidad, presidida por aquel entonces por el asturiano Rodrigo Rato, trató de captar nuevos inversores contenía "graves inexactitudes" pero asegura que los más cualificados tenían otros medios para conocer el estado real de la entidad.

El alto tribunal saca estas conclusiones después de analizar los casos de dos familias que, por consejo de empleados de la valenciana Bancaja (una de las siete cajas que estuvieron en el origen de la entidad), adquirieron acciones durante la salida a Bolsa de Bankia en 2011 por importe de 20.868 euros y de 9.997, respectivamente. Aproximadamente un año después de esa compra vino "la intervención y rescate público de Bankia", con lo que el valor de las acciones desapareció prácticamente. Ambas familias presentaron demanda ante Juzgados de Primera Instancia.

Posteriormente, se presentaron recursos ante las audiencias provinciales, cuyas decisiones fueron recurridas por Bankia ante el Supremo, que da la razón a los accionistas.

El alto tribunal subraya que la sentencia de la Audiencia de Valencia da como probado que el banco presidido ahora por José Ignacio Goirigolzarri reformuló sus cuentas del año 2011, poco tiempo después de la OPS, "con un resultado completamente contrario al publicitado en el folleto, puesto que en vez de beneficio, lo que existían eran importantísimas pérdidas".

Asimismo, sitúa a este documento como principal fuente de información para el accionista, dado que se trataba de la salida a Bolsa de una entidad que hasta el momento no cotizaba, por lo que sus acciones no tenían un historial previo de cotización en un mercado secundario oficial.

Con este fallo el Supremo abrió la puerta de par en par a que los pequeños inversores puedan recuperar su dinero sin problema, pero, ayer, frenó en seco las posibles devoluciones a los denominados cualificados.

El propio tribunal publicó ayer una aclaración sobre las sentencias en la que se asegura que es necesario distinguir entre los pequeños inversores "que, a diferencia de lo que puede ocurrir con los más cualificados, carecen de otros medios de obtener información sobre los datos económicos relevantes para tomar la decisión de comprar las acciones que el folleto".

Los magistrados aseguran que el folleto contenía fallos que provocaron que los ahorradores se hicieran "una representación equivocada de la solvencia de la entidad y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión".

"Se encuentran con que realmente han adquirido valores de una entidad al borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no confesadas ", al contrario, se afirmaba la existencia de beneficios, "y que tiene que recurrir a la inyección de una elevadísima cantidad de dinero público para su subsistencia, de donde proviene el error excusable en la suscripción de las acciones, que vició su consentimiento", resalta el TS, y añade: "el folleto publicitó una situación de solvencia y de existencia de beneficios que resultaron no ser reales".

Por otra parte, la sentencia recalca que el hecho de que cada inversor concreto haya leído o no el folleto presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) "no es tan relevante", puesto que la función de este documento es difundir la información sobre la situación patrimonial y financiera de la sociedad cuyas acciones son ofrecidas públicamente entre quienes "crean opinión en temas económicos", de modo que esa información llegue a los potenciales inversores que carecen de medios para informarse "y que no han de haber leído necesariamente el folleto".