La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) denunció ayer que el decreto que aplica el Ejecutivo regional para regular las viviendas vacacionales atenta contra los derechos individuales de los ciudadanos. Javier Valentín, vicepresidente de Ascav, subrayó que los preceptos del reglamento "son contrarios al ordenamiento jurídico español", razón por la que lo tildó de "arbitrario" y exigió que se modifique algunos de sus artículos. La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, por su parte, prefirió no responder a estas acusaciones.
La presentación de un informe "externo y objetivo" elaborado por Manuel Sarmiento, experto en Derecho Administrativo, sirvió a Valentín para aclarar que el decreto sigue en vigor a pesar de la aprobación de una proposición no de ley para paralizarlo. En cualquier caso, el vicepresidente de Ascav reiteró que no quieren una paralización porque sería "una locura que dejaría en el limbo" a las personas que quisieran acogerse a esta normativa. Por eso insistió en que se enmiende el artículo 3, que prohíbe la explotación de viviendas en zonas turísticas, y reclamó que se levante el veto al alquiler por habitaciones. Asimismo, denunció que el reglamento vulnera la Ley de Economía Sostenible y la libre competencia y señaló que establece barreras "injustificadas" por los equipamientos mínimos que deben reunir.
De otro lado, Valentín criticó que se haya privado a los dueños de una transición para adaptarse a los cambios que entraron en vigor un día después de la aprobación del decreto. Este argumento, junto con los anteriores, condujo a Sarmiento a asegurar que la norma tiene defectos de fondo y forma que pueden concluir en su anulación.
"El Gobierno está dando balonazos", persistió Valentín, ya que considera que no hay voluntad real para cambiar un reglamento que perjudica a muchos canarios. Según informó, 1,3 millones de turistas visitaron las Islas en 2014 demandando hospedarse en las 53.000 viviendas vacacionales que existen en Canarias. Valentín insistió en que es difícil conocer una cifra concreta porque no existe un registro cerrado, pero que los dueños luchan para actuar dentro de la legalidad y tributando.
A su juicio, la presión de la patronal hotelera de la provincia occidental, Ashotel, ha ocasionado que el Gobierno de Canarias no modifique el decreto. Jorge Marichal, su presidente, insiste en que la explotación de viviendas en zona turística "va en contra" de su propia esencia, por lo que es fundamental la separación de usos y que se cumpla la normativa.
Finalmente, Valentín recordó que la Ascav recurrió esta norma ante el Tribunal Superior de Justicia para lograr su modificación, un proceso que sigue en trámite y que se suma a las causas emprendidas por dos particulares y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
