La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

TERRITORIO Reordenación de competencias

Tenerife insulariza la gestión del Teide y las restantes islas lo harán en 2017

Se introducirán "servicios de pago" en los parques nacionales para reinvertir los beneficios en su conservación

Diez años ha tardado el Cabildo de Tenerife en ver cumplida "nuestra vieja aspiración" de asumir la gestión del Parque Nacional del Teide, cuyo traspaso se hizo efectivo el pasado miércoles 3 de febrero. En el acto de entrega por el Gobierno de Canarias, el presidente de la corporación insular dio a conocer su concepción sobre cómo debe gestionarse este regalo de la naturaleza: "Para los hombres y mujeres que trabajamos en el Cabildo supone todo un reto gestionar con eficacia esta joya natural de la humanidad y nuestro bien más preciado. Nos toca ahora mantener intacto esta legado".

Y aunque la expresión "mantener intacto" pueda llevar a confusión, en el sentido de que presuponga una mayor limitación de las actividades a desarrollar en el parque, Carlos Alonso defiende en realidad una compaginación de su conservación y su uso. Así, anunciaba que una de las primeras medidas que pondrá en marcha la institución será la aprobación de "un catálogo de servicios de pago". No se trata de cobrar entrada a los más de tres millones de visitantes que suben cada año al Teide, ya que las visitas a los parques nacionales es gratuita por ley y así se mantuvo en la última reforma de la Ley de Parques Naturales, aprobada con cierta polémica en diciembre de 2014.

Lo que pretende el Cabildo de Tenerife es algo que viene apuntando ya desde hace años el propio director del Parque Nacional del Teide, Manuel Durbán: cobrar por "servicios no básicos". De este modo, no solo se lograría ampliar una financiación siempre menor a la necesaria, sino que estos ingresos extras se dedicarían fundamentalmente a la propia conservación del parque. Y sería, a su vez, un modo de mejorar la calidad de las visitas, cuya presencia masiva supone el mayor impacto ambiental: sólo en el Teide, la media es de 8.900 visitantes al día.

Compaginar, en definitiva, la protección con el desarrollo de ciertas actividades entronca con el debate, también viejo, sobre cómo deben gestionarse los principales espacios naturales de un territorio. Un debate que en Canarias no sólo no se ha terminado de zanjar, sino que se ha reabierto a raíz de la decisión de su presidente de sacar adelante con urgencia una nueva Ley del Territorio, que se prevé pase al Parlamento en breve. Una nueva legislación que, de aprobarse, no sólo va a suponer un punto y aparte respecto a la anterior, que entró en vigor hace apenas un año, sino que introduce criterios absolutamente contrarios. Así, la denominada Ley del Suelo, que con muchas dificultades sacó adelante el anterior consejero Domingo Berriel, introdujo significativos cambios en la planificación territorial, entre ellos blindar el territorio ante la discrecionalidad y los cambios políticos de los ayuntamientos y cabildos. Fernando Clavijo, que ya se pronunció entonces en contra cuando aún era candidato de CC al Gobierno de Canarias, defiende sin embargo que sean precisamente los ayuntamientos los que tengan la potestad no solo de decidir su planeamiento, sino de aprobarlo. Por ello, la eliminación de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias es una de las piezas básica de su reforma territorial.

Más con menos

Pero además de esta figura clave de control de la legalidad en materia medioambiental, otras normas se verán igualmente afectadas por la nueva regulación, entre ellas la Ley de Espacios Naturales de Canarias. En esta reordenación territorial de las Islas, ¿cuál debe ser el alcance de la compaginación entre la conservación y las actividades posibles a desarrollar en sus espacios naturales? "El objetivo de cobrar por excursiones, aparcamiento y otros servicios que se puedan ofrecer, no tiene como objetivo aumentar el número de visitantes, sino lo contrario, reducirlo y que quiénes vengan tenga una experiencia más rica en el parque y, con ello, obtener más beneficios", precisó Carlos Alonso al asumir las transferencias de uso y gestión del Parque Nacional del Teide.

Esta revisión de la gestión de la riqueza territorial de Canarias afecta no sólo a los parques nacionales. El uso de otros espacios naturales o rurales, sometidos a diversos niveles de protección, también está en discusión. Se puso claramente en evidencia a mediados del pasado año cuando el Cabildo de Tenerife aspiraba -y también logró- que el Macizo de Anaga fuera declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. Solo encontró, en el interior de la isla, una resistencia: la de los vecinos que residen en el entorno de ese parque rural. Temían quienes ahí viven que el prestigioso título internacional supusiera un endurecimiento de las restricciones burocráticas con las que también han tenido que convivir y superar para realizar cualquier mejora en sus viviendas o cualquier tipo de actividad. Pero no fue así, porque la Reserva de la Biosfera protege zonas de riqueza singular permitiendo, a su vez, su desarrollo mediante el fomento de la agricultura, de la ganadería e, incluso, de aquellas actividades industriales que sean respetuosas con el medioambiente.

Tal permisividad de organismos como la Unesco, nada sospechosos de atentar contra los espacios protegidos, contrasta con ciertas corrientes medioambientalistas de Canarias, que han terminado por asimilar protección con la "no gestión" de muchas joyas naturales de las Islas. Todas ellas tienen reservas de la biosfera, pero también otros muchos enclaves naturales que tienen niveles de protección lo suficientemente amplios para abrirlos a una actividad mayor que la actual. En Gran Canaria hay dos ejemplos singularísimos: La Isleta, militarizada de toda la vida y una auténtica desconocida para la población; y la intocable Veneguera, esa amplia granja agrícola cuya posible apertura a un uso moderado y controlado de residentes y turistas ni se osa mencionar. En el otro extremo se sitúan parajes como las dunas de Maspalomas o de Corralejos, ya deterioradas por una actividad intensiva, sobre todo turística, que sin embargo puede ser reconducida en parte si se terminaran de ejecutar propuesta de derribo de los hoteles que, en su día, se instalaron donde no debían.

La realidad es que los espacios protegidos, casi la mitad del territorio canario (el 47% de su superficie), también necesitan ser gestionados para evitar que se conviertan en "espacios muertos". En primer lugar, porque un espacio natural no gestionado es una zona de riesgo, susceptible de ser objeto de algunos de los incendios que ha asolado el Archipiélago en diversos años. Y en segundo lugar, porque en el espíritu de la protección de la Unesco, cabe compaginar su conservación con la utilización ciudadana con actividades culturales, deportivas o de ecoturismo, de las que podría beneficiarse tanto el visitante como el residente.

El hombre y la tierra

En la presentación del foro Pensamiento Libre que tuvo lugar el pasado jueves, el director del Hotel Costa Meloneras, David Morales, explicó que los turistas alojados volvían encantados de sus rutas por el interior de Gran Canaria: "Asombrados -dijo- al descubrir una naturaleza que no sabían que existía cuando iniciaron el viaje". Y concluyó: "Tenemos una naturaleza de primera: un productazo. ¡Aprovechémoslo!".

Y Carlos Alonso, al defender la candidatura para ser Reserva de la Biosfera, describió el Macizo de Anaga así: "Una isla dentro de la isla, capaz de despertar nuestra imaginación y trasladarnos a épocas pasadas, tiempos remotos en los que el hombre y la tierra fueron casi un solo ser". Y defendió mantener "ese binomio donde el hombre y la tierra permanecen unidos en el respeto a la naturaleza".

El desarrollo de los planes de uso y gestión son la herramienta necesaria para aprovecharlos y adaptar el binomio a la realidad actual. Y también el modo de evitar que sea la inacción la que perjudique la pervivencia en condiciones de estos paraísos nacionales, naturales o rurales. Las Islas ocupan sin embargo el penúltimo lugar en la aprobación de instrumentos de gestión de la Red Natura 2000: once comunidades los han aprobado totalmente o están apunto de hacerlo, mientras Canarias solo ha aprobado el 30% de sus planes, frente al 62% de Baleares y muy lejos de la media nacional (70%).

Por lo que respecta a los parques nacionales, la competencia sigue siendo de la comunidad autónoma pese a el traspaso de gestión que ha iniciado el Teide. Y que previsiblemente asumirán La Palma y La Gomera en 2017; también Lanzarote si avanza en las negociaciones a lo largo de este año.

La consejera de Política Territorial, Lady Barreto, anunció que su departamento ultima la modificación de los planes de uso y gestión de los cuatro parques nacionales canarios. Planes que se tramitan a través de los respectivos patronatos, en los que se sientan todas las administraciones implicadas (incluida el Estado que mantiene la titularidad de los 15 parques nacionales españoles). La distribución competencial es, precisamente, la pieza a encajar en la reordenación territorial de las Islas. Ya en la Declaración del Teide, firmada el año pasado por los siete presidentes de Cabildo, se puso en evidencia el interés de todos por asumir mayores cotas de gestión medioambiental en cada una de sus islas.

Compartir el artículo

stats