Cuatro de cada diez empleados canarios percibieron ingresos inferiores o iguales al salario mínimo interprofesional (SMI) en 2014, establecido para ese ejercicio en 645,30 euros al mes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El incremento de los trabajos temporales o la reducción de la jornada son algunos de los factores que conducen a la precariedad del mercado laboral, según apunta el último informe publicado por el sindicato UGT. Este documento refleja, en base a los datos más actualizados que ofrece la Agencia Tributaria, que en 2014 había en España 5,9 millones de asalariados cobrando menos de la retribución mínima fijada para aquel entonces, lo que supone un 35% del conjunto.
Si se atiende a los datos por comunidades, se aprecia que Canarias se sitúa en la cabeza de las regiones donde el peso de los trabajadores con un sueldo inferior o igual al SMI es mayor. Así, de los 784.963 asalariados isleños que existían en 2014 en las Islas, 291.918 se encontraban en esa situación, lo que representa un 37,2% del total. Solo Extremadura (48,1%), Andalucía (47,2%), Murcia (40,1%), Castilla-La Mancha (37,9%) y Comunidad Valenciana (37,6%) empeoran el registro del Archipiélago.
"Estas cifras reflejan la realidad del mercado laboral canario", afirma Pedro Martínez, secretario de Política Institucional de UGT-Canarias. El descenso del paro no ha venido acompañado de la creación de empleo de calidad, mantiene el sindicato, sino por el crecimiento de la subocupación. Es decir, aumenta el número de personas que trabaja en jornadas reducidas, con contratos temporales o que están empleados en un trabajo inferior a la formación que poseen. A esto se añade una devaluación de los salarios que desemboca en la pérdida de poder adquisitivo de la población. De hecho, en Canarias el salario medio anual en 2014 fue de 15.995 euros, 2.425 euros menos que la media estatal.
El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, sostiene que es necesario realizar un análisis en profundidad de estos datos, pero apunta a que los sueldos tienen que estar vinculados a la productividad para favorecer el crecimiento del país.
Martínez insiste, en cambio, que la percepción de bajos ingresos por parte de los trabajadores implica una redistribución de la riqueza menos homogénea y que "las pensiones medias que se cobren en las Islas en el futuro sean inferiores a las de la Península".
El incremento de la exclusión social y la desigualdad es otra de las consecuencias que se deriva de esta situación. Existe una menor capacidad de gasto y, por tanto, estar empleado no garantiza un mínimo de calidad de vida. Esta cruda realidad quedó retratada por Cáritas en octubre del año pasado, ya que esta organización desveló que el 53% de las personas que acuden a sus centros en busca de ayuda vive en hogares donde algún miembro de la familia trabaja.
