La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) acusó ayer al Gobierno regional de no tener "ninguna voluntad política de resolver el problema" del sector, "dejando a miles de familias en la más absoluta ilegalidad" y a otros tantos turistas "sin seguridad jurídica".
En un comunicado, Ascav denunció que el Ejecutivo ha encargado una encuesta "deliberadamente sesgada y arbitraria" a una empresa privada para contar con argumentos frente a la demanda de que se modifique el decreto que regula el alquiler de viviendas particulares a turistas.
La asociación sostiene que el contenido de esa encuesta "manipula el resultado" mediante el contenido de las preguntas y el modo en que las formula. Como ejemplo, cita una de esas cuestiones en la que se invita a los encuestados a pronunciarse sobre si, "según su opinión, la oferta del alquiler vacacional produce competencia que pueda calificarse como desleal". Según Ascav, ese interrogante busca de una respuesta "desfavorable", puesto que para contestar se propone asignar una puntuación que va de 1 a 10 puntos y de "baja competencia desleal" a "alta competencia desleal".
