El Tribunal Supremo ha puesto fin a la judicialización del proceso de privatización del 49% del capital de AENA que impulsó el anterior Gobierno de Canarias, presidido por Paulino Rivero (CC). El Alto Tribunal rechaza en un auto emitido el miércoles la solicitud de suspensión de los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros para dejar en manos privadas parte del capital del que entonces era un ente netamente público. Además, impone las costas judiciales a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tras conocerse la intención del Ejecutivo central de dar entrada al capital público en el accionariado de AENA, el Gobierno de Canarias rechazó la medida por estimar que eso pondría en peligro un sector estratégico -el transporte aéreo- para las Islas. Aludió a la necesidad de mantener alejada de manos privadas la gestión de los aeropuertos por ser elementos principales de una necesidad básica para los canarios: viajar en avión, lo que garantiza su libertad de movimientos.
A ello, las autoridades isleñas añadían el peligro de someter al turismo, sostén de la economía canaria, al criterio de decisiones empresariales que colocaran al beneficio en el primer y único lugar de las cuestiones a tener en cuenta. En función de ello, y con el respaldo de la mayoría del Parlamento regional, se presentó un recurso -el ahora rechazado- basado en el artículo del Estatuto de Canarias (33.13) que consagra el paso a manos de la Comunidad Autónoma de la gestión de puertos y aeropuertos desde el momento en que el Estado "no se reserve su gestión directa".
Sin embargo, el Supremo explica en su auto que ese mandato legal no es suficiente para frenar la venta de una parte de la empresa. Tanto Madrid como los parlamentarios del Partido Popular (PP) en las Islas incidieron en el hecho de que la mayoría del capital social -51%- se mantiene bajo el control público.
La solicitud de anulación de Canarias contra los acuerdos del Consejo de Ministros necesarios para dar luz verde a la venta de parte de la compañía fue parcial. Es decir, el recurso presentado no buscaba que el Supremo diera marcha atrás al conjunto de las decisiones, sino tan solo que se excluyera del proceso de privatización a los ochos aeropuertos de la red de AENA que están situados en el Archipiélago.
