Canarias apuesta por el transporte colaborativo, esto es, por el uso compartido de vehículos. Mientras que en Europa y en el resto de España los colectivos del sector se movilizan en contra de esta modalidad de desplazamiento, en las Islas el Ejecutivo regional se posiciona a favor de ella. Ornella Chacón, consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno canario, anunció ayer en comisión parlamentaria que la reforma de la ley del transporte por carretera de Canarias, cuyo borrador estará listo antes de fin de año, abordará la regulación de esta alternativa de movilidad contratada por Internet.
La polémica en torno a la propuesta realizada por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) de liberalizar la actividad de empresas de vehículos de alquiler con conductor es el principal escollo al que se enfrentará el Ejecutivo regional para abordar esta iniciativa. Los taxistas, que se oponen de forma férrea a la posición adoptada por la CNMC el pasado enero, consideran que la desregulación del servicio reduce la calidad, actúa contra el empleo y beneficia a compañías como Uber o Blablacar. Sin ir más lejos, ayer cerca de 5.000 taxistas procedentes de diferentes partes del territorio nacional y de países como Bélgica, Portugal o Francia se dieron cita en Madrid para mostrar con vehemencia su rechazo a esta posibilidad.
Pese a la oleada de protestas que se suceden en Europa y España con respecto al transporte colaborativo, Chacón expuso que no legalizar este sector implicaría muchos más problemas que dejar de encarar esta realidad. Bajo su punto de vista, este tipo de economía compartida es sana, ya que su desregulación puede ser interpretada como "intrusismo" y generar múltiples conflictos. Por eso, la Consejería contará durante los próximos meses con la opinión de los operadores del mercado. El objetivo es lograr el mayor consenso posible y el mayor beneficio para todos.
Elías Castro, director general de Transportes de Gobierno de Canarias, explica que el Ejecutivo es consciente de que "hay que andar con pies de plomo" en este terreno, pero que es ineludible tratar de conseguir un acuerdo dejando de lado el miedo a crear polémica. "Este es un gran reto de la movilidad reciente a la que no podemos dar la espalda", remarca. Castro aclara, a su vez, que aún no hay un proyecto cerrado, sino que se abre un periodo de diálogo con los agentes del sector del transporte para llevar a cabo una regulación participativa, en la que también se tendrá en cuenta los juicios de opinión que se han emitido en Europa y España. "El objetivo es que se produzca el menor daño posible a los operadores y el mayor beneficio para la sociedad", determina el director general.
En este pulso que mantienen detractores y partidarios de la regulación, hay que tener en cuenta que si bien el aterrizaje de compañías de transporte colaborativo en España ha puesto en pie de guerra a los taxistas, también ha transformado el concepto desplazamientos de muchos ciudadanos. La combinación de las nuevas tecnologías con la demanda de ahorro por parte de la población es la que potencia el lanzamiento de este tipo de empresas de economía compartida. Los azotes de las crisis sumieron a buena parte de la población en dificultades económicas, lo que impulsó su necesidad de ahorro y el desarrollo fulgurante de estas compañías. De hecho, el Instituto Tecnológico de Massachusetts indica que ya mueven cerca de 26.000 millones de euros en el mundo y tienen posibilidad de experimentar crecimientos anuales del 30% durante los siguientes diez años.
Esta revolución, que se ha asentado con fuerza en el sector del transporte, evidencia para Chacón la necesidad de modificar la norma canaria y adaptarla a las nuevas circunstancias del mercado. La necesidad de la reforma no viene dada sólo por estas nuevas modalidades de transporte, la consejera considera que la actual ley está repleta de imprecisiones, excesos de regulación, lagunas y contradicciones.
Además de integrar el transporte colaborativo, la consejera cree necesario efectuar diversos cambios para eliminar la incongruencias que han provocado las modificaciones realizadas a través de diversos decretos y dotar de una mayor seguridad jurídica al sector. Chacón anunció que se revisarán los criterios sancionadores y de inspección, puesto que se han detectado falta de concreción en los mismos, a la vez que abogará por la simplificación normativa para evitar los solapamientos con la legislación nacional y comunitaria. Asimismo, se prestará una especial atención a la movilidad en zonas turísticas, favorecerá los mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones en esta materia e impulsará los medios de transporte que sean más respetuosos con el medio ambiente.
