Tres empresas canarias, dos grancanarias y una tinerfeña, se encuentran entre las 73 que investiga el Ministerio de Hacienda en todas las comunidades autónomas españolas -excepto Navarra y País Vasco- tras contar con "sobrados indicios de fraude fiscal y dinero B" en el negocio de la producción y la venta al por mayor de carne. La operación Presunto (significa jamón en portugués), así denominada por la Agencia Tributaria (AEAT), se inició por las sospechas que levantaron los escasos beneficios que declaraban las mercantiles implicadas. Hasta el momento la investigación atañe a 25 personas físicas.
"Del total de empresas investigadas, 44 son del comercio mayorista, 17 mataderos, cinco de compraventa de ganado y el resto de una miscelánea de actividades, entre las que podría haber alguna minorista", detalló la AEAT ayer a través de un comunicado.
Fuentes del sector en las Islas situaron las presuntas irregularidades en el segmento de la importación, que supone la inmensa mayoría del consumo de carne en el Archipiélago. La macrooperación de alcance nacional llega cuando precisamente el Gobierno de Canarias acaba de arrancar una campaña de inspección "para el control de la información en el etiquetado de los productos cárnicos frescos".
El Ejecutivo canario se ha quejado en reiteradas ocasiones de la escasez de inspectores de aduanas, lo que redunda en deficiencias de control sobre los productos que después se ponen a la venta. La operación Presunto va mucho más allá y tanto el software como los documentos analizados permiten confirmar la "alteración u ocultación de contabilidad", según Hacienda.
Declaran pérdidas
Nueve de las empresas registradas por inspectores de la Agencia Tributaria en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil declaraban de forma sistemática pérdidas. Esos son los casos más flagrantes, pero tampoco las cifras conjuntas de las 73 sociedades aportan limpieza al negocio. La media de los márgenes de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) hechos públicos es de un ridículo 1% cuando el precio final de venta cuadruplica o incluso quintuplica el pagado en origen.
Para entender la falta de concordancia entre la realidad del negocio y los beneficios declarados, sirvan los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) correspondientes al pasado año. El kilogramo de ternera de primera se vendió en origen a 3,78 euros, mientras que el consumidor pagó 16. El cordero pascual pasó de 5,96 a 11,06 euros; el cerdo, de 1,4 a 5,28; el pollo, de 1,68 a 2,94, y el conejo, de 2,81 a 5,27 euros.
Evidencias como las citadas son las que determinaron a Hacienda a iniciar la investigación. En el transcurso de la misma, los funcionarios se encontraron, además, con que las mercantiles "manejaban un volumen de efectivo que rondaba el 11% de su facturación", proporción que se elevaba en varios casos al 50% y en dos concretos, al 85% y el 94%, "por lo que se puede entender que prácticamente sólo vendían en efectivo", lo que resulta incompatible con la realidad de un negocio mayorista.
Visto desde el ángulo opuesto, esa ausencia o escasez de las habituales transferencias, normales en los negocios entre empresas, constituyó otro de los indicios que impulsaron la operación Presunto. También los voluminosos ingresos en efectivo realizados por varios de los investigados, tanto en las cuentas corrientes de las sociedades como en las suyas propias. Durante el año que, según Efe, ha durado la investigación previa a las actuaciones, se pudo comprobar, asimismo, la posesión de bienes en el extranjero y unos niveles de vida mucho más elevados de los que podían sostenerse con los ingresos regulares con que contaban los socios.
El propio Magrama manifestó que la distribución mayorista es "el eslabón" donde se detectan más incumplimientos de la Ley de medidas para la mejora de la Cadena Alimentaria. Por su parte, la Confederación de Organizaciones Empresariales del Sector Cárnico de España (Confecarne) mostró su rechazo a "toda posible actuación irregular por parte de cualquier operador" y respaldó las actuaciones de la Administración para detectar y corregir las posibles irregularidades.
La organización empresarial puntualizó que resulta "impropio" hablar de "operación contra el sector cárnico", pues la información de la Agencia Tributaria se ciñe a 73 sociedades, cuando el sector está integrado por más de 3.000 empresas.
Las operaciones desarrolladas hasta el momento se han centrado en la investigación in situ sin que se haya practicado ninguna detención, ya que se trata de una actuación de carácter totalmente administrativo.
