El debate sobre la regulación en Canarias del alquiler vacacional forma parte destacada del segundo informe del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe) y lanza una serie de propuestas a la vista del decreto aprobado por el Gobierno canario al final de la legislatura pasada y que no ha satisfecho al sector. El estudio insta al Ejecutivo a tomar una decisión sobre la regulación del alquiler vacacional o, por contra,seguir prohibiéndolo en suelo turístico. El Catpe demanda equilibrio entre un extremo y otro para evitar más desestabilizaciones en el sector turístico.
Para el think tank la regulación de esta actividad en el Archipiélago es una necesidad urgente, pues resulta "paradójico" que en Canarias, donde la construcción de nuevas camas turísticas regladas lleva restringida por las moratorias durante 14 años, por otro lado se haya permitido paralelamente "la incorporación descontrolada al mercado de miles de camas de uso turístico, mayoritariamente antiguas plazas con licencia extinguida y sin ningún estándar turístico al que atenerse".
Por ello, tomando como referencia el decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico, el Catpe propone que se corrija el ámbito de aplicación del alquiler vacacional, de tal forma que también se incluyan viviendas en suelos, zonas y urbanizaciones turísticas. Asimismo, considera conveniente especificar mejor el periodo de arrendamiento que se considera como alquiler vacacional, que sería desde un día hasta seis meses de duración.
En relación con los criterios de inspección, se demanda especificar cuándo se produce un incumplimiento en cuanto a los ocupantes de una vivienda de alquiler vacacional. Asimismo, la necesidad de prohibir la cesión gratuita de la vivienda y la posibilidad de introducir alguna restricción de uso al propietario. Para ello se pone el ejemplo de Asturias, comunidad en la que se exige exclusividad en el uso comercial para las viviendas destinadas al alquiler vacacional durante los meses de julio, agosto y septiembre.
En el marco del alquiler vacacional, el informe solicita que se reconozca el turismo residencial como modalidad turística ya que, en zonas concretas de las islas, supone una salvaguarda económica para los afectados, como es el caso del sur de Gran Canaria.
El estudio recuerda que "durante las últimas dos décadas más de 40.000 camas, en su amplia mayoría extrahoteleras, convirtieron su uso a residencial por haber sido expulsadas de la explotación turística por obsolescencia y/o decantarse la demanda turística más por la cama hotelera, o también por ver el propietario más rentabilidad en los usos residenciales, como el alquiler de larga temporada".
Sin embargo, garantizar el derecho adquirido al uso residencial no excluye que estos complejos residenciales se tengan que atener a unas normativas mínimas, como, por ejemplo, mantener la fachada del edificio en un estado aceptable de pintura, entre otros aspectos de la conservación del inmueble.
