Volkswagen se enfrenta a una semana crucial para resolver el escándalo de los motores diesel trucados en Estados Unidos con la imposición de presentar antes del 24 de marzo la solución a los vehículos con problemas y las negociaciones con el Gobierno sobre penalizaciones económicas.

El fabricante alemán guarda silencio sobre el remedio para los alrededor de 600.000 vehículos que circulan en Estados Unidos con motores diesel de 2 litros trucados con un software ilegal que oculta sus emisiones reales de óxidos de nitrógeno.

Pero el juez de California Charles Breyer ha dado a VW como plazo hasta el 24 de marzo para que presente ante su juzgado el remedio para que los vehículos afectados cumplan las normas estadounidenses sobre emisiones y puedan circular legalmente por las carreteras del país.

Breyer, juez de distrito en San Francisco ante quien se han consolidado diferentes demandas, dijo el pasado 25 de febrero que este jueves quiere que VW le proporcione una clara respuesta sobre la solución al trucaje aduciendo que el fabricante ha tenido meses para desarrollar el remedio desde que se supo del engaño.

Con anterioridad, este juez nombró al exdirector del FBI Robert Mueller como mediador para intentar lograr un acuerdo de compensación entre los propietarios de los 600.000 vehículos afectados y el fabricante alemán bajo su supervisión. La decisión de Breyer es interpretada en medios legales de EEUU como un intento de evitar las medidas puestas en marcha por VW para llegar a un acuerdo extrajudicial de compensación, similar al alcanzado por General Motors (GM) en el caso de sus sistemas de encendido defectuosos.

En diciembre, VW contrató al abogado Kenneth Feinberg para implementar un programa voluntario de compensación para los propietarios afectados por el trucaje de sus vehículos.

Feinberg, especializado en programas de compensación, ya administró el fondo de GM para indemnizar a las víctimas del defecto del sistema de ignición de sus vehículos. El programa de GM terminó sus trabajos en agosto y Feinberg determinó que 399 demandas de las 4.343 presentadas, merecían compensaciones económicas.