Mientras el Banco de España inspecciona de cerca lo que sucede en la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, la situación económica y financiera de la entidad no es precisamente boyante. Fuentes cercanas a la misma advierten de un aumento de los avales dudosos, de las operaciones sin amortizar y del pago de cuotas que asume la sociedad si la empresa avalada no puede abonar a la entidad financiera el crédito en los plazos establecidos.
Esta gestión fue una de las razones que provocaron el año pasado que la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la Cámara de Comercio y otros empresarios de Gran Canaria abandonaran el consejo de administración de AvalCanarias. Hasta ese momento, la gestión de Sogapyme distaba mucho de la de Sogarte, de hecho la sociedad de la provincia de Las Palmas avaló más operaciones y tenía beneficios, todo lo contrario que Sogarte. Incluso las auditorías la ponían como la sociedad más eficiente de España. Sin embargo, la dirección de la nueva sociedad regional recayó en la provincia tinerfeña y la subdirección en Las Palmas, algo con lo que no están de acuerdo no sólo los empresarios de la provincia oriental, sino también el Cabildo de Gran Canaria, que aporta 600.000 euros al capital de AvalCanarias, lo que supone un 6% de las participaciones.
El actual equipo de gobierno del Cabildo grancanario no descarta salir de la sociedad de avales y por eso ya ha advertido al Gobierno con esa posibilidad en el caso de que no se corrija la situación interna y la ausencia de los representantes grancanarios. En la legislatura anterior, la Corporación insular puso en marcha el proceso para abandonar la entidad, aunque el mismo se interrumpió tras las elecciones de mayo de 2015.
El Ejecutivo ha aumentado su presencia accionarial hasta el límite en la entidad, ya que posee el 46% de los títulos, pero ya no puede disponer de más fondos porque, en caso contrario, la sociedad de avales se convertiría en una empresa pública, línea roja que no permite el Ministerio de Economía.
