La Sociedad de Avales de Canarias languidece un año después de su creación. Tanto la patronal de Las Palmas como la Cámara de Comercio de Gran Canaria confirmaron definitivamente su salida de la entidad en el registro y hasta el momento no han recibido ningún tipo de propuesta de negociación por parte de la Consejería de Hacienda para encauzar una división que deja a Gran Canaria sin representación en la sociedad que garantiza los avales a las pequeñas y medianas empresas. "No sabemos qué esta haciendo el Gobierno, pedimos a la consejera Rosa Dávila que tome cartas en el asunto y dé explicaciones", advierte el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García.
El dirigente de la patronal reclama una gestión "eficiente y seria" de la sociedad como la que había antes de la fusión entre Sogarte (Santa Cruz de Tenerife) y Sogapyme (Las Palmas). Tras renunciar a sus puestos en el consejo de administración, ahora los representantes empresariales y camerales de la provincia oriental quieren que el Ejecutivo mueva ficha y solvente una problemática que afecta nada menos que a la financiación de las pymes, que conforman la gran mayoría del tejido empresarial del Archipiélago.
Los problemas internos en la Sociedad de Garantía Recíproca AvalCanarias comenzaron desde el mismo momento de su constitución, con una fractura provocada por la imposición desde el Ejecutivo y los representantes de la provincia tinerfeña de la dirección regional de la nueva entidad, que recayó en manos de los rectores de Sogarte. Los dirigentes empresariales de Las Palmas consideraron que poner la sociedad en esas manos suponía echar abajo el trabajo riguroso y eficaz llevado a cabo por Sogapyme, desligado de los tintes políticos que, en su opinión, se cernían sobre AvalCanarias.
La tormenta en la sociedad de avales amainó con las elecciones y el cambio de Gobierno en Canarias. Sin embargo, ocho meses después de la entrada del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, la patronal y la Cámara de Comercio no ven cambios, es más, consideran que la situación de la sociedad es cuanto menos "delicada", que la representación de Gran Canaria es mínima y que la Consejería de Hacienda no ha hecho nada para intentar resolver la situación.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, tuvo una comparecencia en el Parlamento a principios de este mes por petición del PP en la que detalló la concesión de avales por parte de la Sociedad de Garantía Recíproca en este periodo, pero no hizo mención alguna a su conflicto interno. Es más, el departamento autonómico ha eludido hasta ahora entrar en la resolución del conflicto pese a las reiteradas peticiones empresariales.
Según los datos de Hacienda, AvalCanarias ha concedido a las pymes isleñas 178 avales por un importe de 7,8 millones de euros. Los sectores que han obtenido más garantías fueron el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos y motocicletas, la construcción, las actividades profesionales científicas y técnicas, el transporte y almacenamiento y la educación. El Ejecutivo destaca que la tasa de morosidad de las empresas que se beneficiaron de los servicios de AvalCanarias es del 17,8%, un ratio por debajo de la media de las sociedades de gestión recíproca españolas.
