El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obliga a la Compañía Transportista de Gas de Canarias (Gascan) a devolver a la Unión Europea una subvención de 804.170 euros por no ejecutar la regasificadora de Arinaga, en Agüimes. Un proyecto que, de hecho, ha sido ya descartado por el actual Cabildo de Gran Canaria.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso interpuesto por la empresa contra la resolución del Ministerio de Hacienda, que exigió el reintegro de la ayuda procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), un instrumento financiero de la Comisión Europea (CE), ya que Gascan no ha acometido el proyecto.
La planta de regasificación de gas natural licuado de Arinaga estaba incluida en el Programa Operativo Integrado de Canarias (POIC) 2000-2006. Sin embargo, el cambio en la disposición del emplazamiento inicial de la planta en el puerto de Arinaga precisó una nueva tramitación ante la Comisión Europea del proyecto y los sucesivos retrasos en la declaración de impacto ambiental y, en consecuencia, en las obras de ampliación del citado puerto, imposibilitaron realizar la actuación en dicha ubicación durante el periodo programado.
Lo mismo ocurrió con la planta de Granadilla, en Tenerife, cuya construcción paralizó el TSJM hace hoy justo un año, al anular la declaración de impacto medioambiental y la autorización administrativa.
La sentencia que afecta a la regasificadora de Arinaga, dictada el pasado 3 de febrero por el magistrado José Ramón Giménez, apunta que "las subvenciones son finalistas, por lo que su objetivo no es financiar actividades sino resultados, de modo que si no se ejecutan los proyectos por la razón que sea las ayudas deben devolverse". Además, se deben "rendir cuentas" a la Comisión Europea acerca del "correcto empleo" de tales fondos.
En octubre de 2013 Gascan se opuso a la orden de la CE de reintegrar la ayuda al alegar que los proyectos no se habían podido ejecutar "por causas totalmente ajenas" a la empresa y "sólo imputables a las administraciones públicas".
Es más, Gascan sostiene que se "había cumplido el objetivo y realizado la actividad, así como los requisitos y condiciones de la ayuda Feder". Considera que los gastos en estudios previos de viabilidad, informes técnicos, de seguridad, ambientales y de ingeniería fueron "justificados" e "indubitadamente respondieron a la naturaleza de la actividad objeto de la ayuda, fueron estrictamente necesarios y realizados en el plazo establecido". Según Gascan, "la Administración comprobó la adecuada justificación de la ayuda Feder".
Asimismo, la compañía alegó que el expediente de reintegro se inició en septiembre de 2013, por lo que había prescrito el plazo para restituir los fondos. En cambio, el TSJM rechazó este argumento, al estimar que "no concurre prescripción alguna en tanto que los proyectos subvencionados están incluidos en los POIC 2000-2006 y 2007-2013, por lo que la acción de reintegro sigue vigente durante el periodo de duración de tales programas".
Por tanto, Gascan tendrá que devolver dichos fondos comunitarios. Cuando Enagás Transporte compró Gascan a Endesa en febrero de 2015 ya se descontó ese importe en el precio de la operación y se provisionó para el momento en que se dictaminara la resolución judicial, precisaron ayer fuentes de Enagás.
Contra esta sentencia cabe presentar recurso de casación. Gascan podrá reclamar al Estado el importe si acredita que la pérdida de la financiación es achacable a la actuación de la Administración estatal.
La controversia en torno a la regasificadora de Arinaga se remonta a los años 90, cuando el Ayuntamiento de Agüimes, entonces dirigido por Antonio Morales, y la Mancomunidad del Sureste, se opusieron a esta instalación. Esta planta requiere, además, un plan territorial que debe ser aprobado por el Cabildo, presidido actualmente por Morales y que ya ha dejado claro su negativa. El presidente canario, Fernando Clavijo, aseguró en agosto de 2015, tras una agria polémica entre la corporación insular y el Ejecutivo, que respetará "la soberanía territorial" del Cabildo grancanario y que "no será cómplice de ningún tipo de imposición" por parte del Estado.
