Hacienda pocas veces da una buena noticia y Canarias aprovechó ayer que es la comunidad autónoma más cumplidora con el objetivo del déficit para exigir compensaciones. El Gobierno reclama que se condonen las devoluciones pendientes del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) en la misma cantidad que ha dejado de percibir el Archipiélago cada año por un modelo de financiación para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales -educación, sanidad y servicios sociales- que, entiende, perjudica al Archipiélago frente al resto de regiones. Es decir, Canarias no devolvería al Estado unos 700 millones de euros al año.
El FFF, al que sólo se pueden adherir las comunidades que cumplen con el compromiso de déficit establecido por Madrid y Bruselas y la reducción de la deuda pública, presta a Canarias al 0% de interés en torno a 1.000 millones a pagar en diez años. Además de las Islas, desde 2015, Galicia, es la otra autonomía adherida a este Fondo estatal. La reclamación de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se extiende a ambas y a todas las que no hayan superado el 0,7% del PIB regional establecido para 2015. A la lista se une únicamente el País Vasco.
El resto han incumplido y contra ellas se dirigió ayer la furia del ministro en funciones Cristóbal Montoro a las que anunció que aplicará un control riguroso del gasto. Esto es, más ajustes.
Según los datos provisionales de ejecución presupuestaria, las cifras de déficit de las administraciones públicas al cierre de 2015, que se situó en un 5,16% del PIB, casi un punto más que la cifra registrada el año anterior. Una desviación de 10.400 millones de euros que el titular de Hacienda achaca a los nuevos gobiernos autonómicos y que estos por lo general, atribuyen gastos coyunturales como la compra, no computada pero que se han visto obligadas a hacer, de fármacos contra la hepatitis C. Ello amén de intentar paliar lo efectos de los recortes desde 2012, cuando se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
España
El conjunto de la administraciones públicas de España incurrió en el pasado año en un déficit del 5,16% del PIB (55.755 millones de euros), lo que representa un incumplimiento de casi un punto porcentual (0,96% del PIB) respecto al 4,2% comprometido.
Para el ministro del PP el cumplimiento de Canarias (-0,54%, con un desfase de 228,5 millones de euros en el gasto respecto a los ingresos), Galicia (-0,57%) y el País Vasco (-0,69%) prueba, a su entender, que aunque el objetivo era "ambicioso, se podía cumplir", incluso con gastos extraordinarios, señaló en una rueda de prensa en que emplazó especialmente a Cataluña y la Comunidad Valenciana a llevar a cabo una gestión más rigurosa y eficaz de los recursos públicos. "Hay gobiernos de consenso que parece que no sirven para nada más que para hacer anuncios de gasto", afirmó.
Lo mismo hizo la portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP, Matilde Asián, que acusó a los nuevos gobiernos de haberse olvidado de "las obligaciones" que tenían sobre sus presupuestos y gastos.
La comunidad catalana, con un déficit del 2,7%, casi cuatro veces el objetivo del 0,7, seguida por Extremadura con el 2,64%, Murcia con el 2,52% -donde está sin depurar el efecto del terremoto de Lorca-, la Comunidad Valenciana con el 2,51% y Aragón con el 2,13%.
El resto se situó por debajo del 2% pero muy lejos del compromiso establecido.
La acusación de Montoro se fundamenta en que la Administración central (sin la Seguridad Social) cerró con un déficit de 14 centésimas por debajo del objetivo (2,9% del PIB) que el Gobierno central se concedió a si mismo, y las corporaciones locales consiguieron un superávit de 0,44 puntos cuando se les había pedido sólo el equilibrio. Por el contrario, la Seguridad Social rebasó el máximo de déficit previsto en 0,6 puntos y las comunidades autónomas superaron el que les impuso el Gobierno de Rajoy en 0,96 puntos.
Las comunidades autónomas (que gestionan un tercio del gasto y a las que sólo se les permite un octavo del déficit público total del Estado) discrepan con este reparto vertical del margen de desfase presupuestario: a la Administración central (sin Seguridad Social) se le permite un descubierto del 2,9% del PIB y a las autonomías, del 0,7.
Dávila incidió ayer también en este hecho. Por tercer año consecutivo Canarias ha cumplido con los acordado, dijo, "gracias al enorme esfuerzo realizado por todos los canarios, así como por el rigor y control del gasto público". Ello no quiere decir, no obstante, que el Ejecutivo de Fernando Clavijo esté de acuerdo con el reparto del déficit entre la administración central y las comunidades autónomas.
El incumplimiento español con Bruselas sitúa a España como uno de los dos países con mayor desfase. Éste superó incluso el incumplimiento que había pronosticado el pasado otoño la Comisión Europea (4,5%) y que el Gobierno de Rajoy negó en público hasta el 11 de febrero, pese a que en octubre lo había reconocido en un documento dirigido a Bruselas. Todo esto complica la pretensión española de lograr un nuevo aplazamiento de la convergencia fiscal exigida.
España, al haber cerrado en 2015 con un saldo fiscal negativo del 5,16%, debería hacer este año un ajuste (con menos gasto o con más ingresos) de 2,36 puntos de PIB, 25.500 millones de euros.
