Menos de 10.000 parados canarios de larga duración se han beneficiado hasta ahora de la ayuda de 426 euros contemplada en el llamado Plan de Activación del Empleo (PAE) que el Gobierno central puso en marcha en enero del año pasado y que está a punto de concluir con unos resultados muy por debajo de los previstos. El número total de beneficiarios isleños durante los trece meses que lleva en vigor el programa supone un porcentaje muy pequeño respecto del colectivo de desempleados de larga duración, 113.590 en estos momentos, y más aún respecto del de parados sin ningún tipo de cobertura, que alcanza en las Islas la cifra de 125.590.
A falta de dos semanas para que concluya el plazo de solicitud de la ayuda, el próximo día 15, el resultado que arroja la aplicación de este plan en Canarias se encuentra muy lejos de sus objetivos iniciales, aunque se parecen bastante a los que auguraba ya en sus primeros compases el Servicio Canario de Empleo (SCE) cuando vaticinó que los requisitos establecidos en el plan dejarían fuera del subsidio a un gran número de desempleados con más de un año de paro a las espaldas. En concreto, según los cálculos iniciales del Ejecutivo regional, de los 34.000 parados de larga duración potencialmente beneficiarios de la ayuda, sólo 10.000 acabarían percibiéndola por las extremas condiciones implantadas por el decreto que daba cuerpo al plan. Las cifras definitivas van a darle la razón.
Según los datos facilitados por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), el organismo dependiente del Ministerio de Empelo y Seguridad Social que gestiona esta ayuda en colaboración con el SCE, un total de 15.033 parados canarios de larga duración han presentados solicitudes para la percepción de la ayuda entre febrero del 2015 y febrero de este año, de las que 9.952 fueron aprobadas definitivamente, y 3.399 denegadas, mientras que otras 1.058 han sido archivadas por otros motivos o las solicitudes retiradas por los interesados. Quedan por resolver aún 624 solicitudes.
En el primer mes de puesta en marcha del programa únicamente se llegaron a beneficiarse de la ayuda 827 desempleados ya que aún estaban tramitándose un alto número de solicitudes. En marzo ya alcanzó a 3.678 parados con derecho a esta prestación, y la cifra se fue incrementando en los meses siguientes hasta alcanzar los 5.910 perceptores en agosto. Desde entonces, una vez transcurridos los seis primeros meses del calendario del plan y por tanto agotado el plazo de ayuda para quienes empezaron a percibirla al principio, el número de beneficiarios ha ido disminuyendo paulatinamente hasta los 2.519 parados que han percibido la última de las pagas, la de febrero pasado.
El total de pagos realizados a los parados canarios de larga duración con derecho a esta ayuda alcanza durante los treces meses que el plan lleva en vigor la cifra de 50.251, lo que ha supuesto un gasto total de 18,8 millones, es decir, el 10,2% del total destinado hasta la fecha por el Estado a la financiación de este plan (182,6 millones).
El propio delegado territorial del SEPE en Canarias, Pedro Duarte, reconoce que "las previsiones sobre los resultados de este programas no se han correspondido con su resultado final" porque "los requisitos eran muy difíciles de cumplir" y señala como razones de este desajuste el cálculo inadecuado que se hizo del colectivo al que realmente iba dirigido. "Hay que tener en cuenta que esto afectaba a varios programas, a la gente que había acabado varios programas distintos, y probablemente las personas que habían cubierto algunos de los requisitos no eran todos los que pensábamos", explica. Asegura que los datos en Canarias son proporcionales a los arrojados en otras comunidades autónomas. "En todos los sitios pensábamos que había más colectivo que podía acceder de manera inmediata".
En el ámbito nacional, sólo 105.500 parados, un 25% de los 400.000 beneficiarios potenciales del plan en todo el Estado, está cobrando o ha cobrado ya la ayuda a lo largo del periodo en vigor hasta el próximo 15 de abril, mientras que únicamente se ha gastado el 15,2 % de los 1.200 millones consignados, unos 182,6 millones.
El decreto que promulgaba la ayuda de los 426 euros establece que los desempleados de larga duración que quisieran acogerse a este subsidio deberían haber tenido un empleo anterior, estar inscritos como demandantes de empleo el 1 de diciembre del 2014, y haber recibido previamente todas las otras ayudas que tiene el Ministerio de Empleo como la prestación contributiva, subsidio, Renta Activa de Empleo, plan Prepara o el plan Prodi. Además, el parado debe tener cargas familiares y que ningún otro miembro de la familia perciba una renta superior a 483 euros mensuales.
Los sindicatos canarios tienen claro que el plan tenía escrito su fracaso desde sus propios inicios. Carmelo Jorge, secretario general de CC OO de Canarias, asegura que "la medida se ha aplicado en Canarias con las mismas restricciones y la misma falta de voluntad política que en el resto del Estado y con resultados muy similares", y destaca que "el efecto ha sido prácticamente nulo, y no sólo están disminuyendo las políticas activas de empleo, sino que simultáneamente se están disminuyendo los recursos que se dedican a la protección por desempleo". Asegura que "la situación de la gente sin empleo no ha mejorado nada con este plan", y que éste "ha sido más propagandístico que efectivo".
"Es un fracaso rotundo que no parece importar demasiado. Nadie va a dimitir por ello", afirma. Sobre una posible prórroga, Jorge señala que "lo que hay que hacer es concertar un plan de emergencia de acción contra el desempleo entre empresarios, sindicatos y administraciones con dos objetivos, activar el empleo y cubrir a los que no lo tienen". Según él, "la sensación que le queda a los parados de larga duración es que nadie se está haciendo cargo de ellos".
Por su lado, el líder canario de UGT, Gustavo Santana, considera que "los obstáculos y las trabas que se han puesto para poder conseguir la ayuda al final ha provocado que no puedan concederse a los niveles que sería deseable, sobre todo en Canarias, con los niveles de desempleo que tenemos y teniendo más de 100.000 personas que son parados de larga duración y que no tienen ningún tipo de ingresos". Indica que "la idea es que se prorrogue y se revise", pero recuerda están trabajando en la recogida de formas de una iniciativa popular sobre renta vital mínima y garantizar unos ingresos mínimos para todas las personas.
