"La duración de los permisos de Repsol han vencido por caducidad". Con estas palabras, el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, zanjó ayer el debate que dos de los principales opositores a las prospecciones en Canarias -PSOE y Greenpeace- iniciaron el pasado viernes al no creer que la autorización concedida por el Gobierno central a la multinacional petrolera hubiese expirado realmente. Tanto los socialistas como los ecologistas aseguran que hasta agosto de 2017 sigue vigente la concesión, pese a que la propia compañía energética y el Estado han anunciado que concluyeron el pasado 22 de marzo.

Antes de presidir una reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP en Las Palmas de Gran Canaria, Soria aclaró que la caducidad "no es automática", sino que ésta tiene que producirse por una orden ministerial de la Secretaría de Estado de Energía.

Pero antes de que se emita tal resolución, Repsol cuenta con 60 días para justificar con un informe detallado los trabajos que realizó en las Islas, tal y como le exige la legislación y el propio permiso. En ese documento la petrolera deberá "acreditar" que ha cumplido los "requisitos intrínsecos" de la autorización.

El real decreto con el que se reactivó la concesión contemplaba que Repsol perforaría al menos dos pozos exploratorios y haría una inversión mínima de 20 millones. Soria no se pronunció sobre si la compañía sería sancionada por incumplimientos, si bien expuso que la multinacional energética solo llegó a realizar un sondeo, del que obtuvo un resultado negativo, pero destinó para ello un montante superior al mínimo exigido: 150 millones de euros.

En cualquier caso, el ministro en funciones recordó que la petrolera descarta cualquier tipo de prórroga "y renuncia, por tanto, a este tipo de investigaciones".

Finalmente, Soria cerró las puertas a que Canarias tenga, junto con el Estado, capacidad de decisión ante futuros sondeos y, por tanto, capacidad de veto. El consejero regional de Economía e Industria, Pedro Ortega, reconoció el viernes que se trata de un "deseo" del Ejecutivo, pero Soria subrayó que la investigación de hidrocarburos "es y seguirá siendo" competencia exclusiva del Estado.