Reunión de urgencia en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para salvar el autoconsumo asociado a la agricultura y la industria en Canarias. El domingo finaliza el plazo para que las ocho empresas de Gran Canaria y Fuerteventura que utilizan aerogeneradores para satisfacer una parte de sus necesidades energéticas adecúen las instalaciones a las obligaciones del real decreto aprobado por el Gobierno central en octubre del pasado año. La estrategia prevista para evitar sanciones pasa por desconectar los molinos, por lo que se incrementará el consumo de energía generada con combustibles fósiles.
El delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, encabeza la delegación canaria que se ha desplazado a Madrid para encontrar una solución. En la reunión que se celebra a las 12.00 (hora peninsular) en la sede ministerial y que presidirá la directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, se pondrán sobre la mesa los perjuicios que el real decreto causa al propio sistema eléctrico.
El artículo quinto de la criticada norma fija la obligación de que la potencia renovable instalada no supere a la contratada con la comercializadora eléctrica. Ninguna empresa cumple este precepto. El abaratamiento en la desalación de agua para regar el campo se obtiene precisamente de aprovechar al máximo las horas de viento, lo que pasa por meter músculo en los aerogeneradores. De ese modo, pueden demandarse a la red menos kilovatios hora.
El viceconsejero de Industria, Energía y Comercio canario, Adrián Mendoza, que también estará presente en el encuentro junto a representantes de las organizaciones del sector de las renovables de las Islas, tiene ante sí el difícil reto de hacer ver a los responsables ministeriales la necesidad de tener en cuenta la peculiaridad isleña.
Sin embargo, en la Secretaría de Estado de Energía que dirige Alberto Nadal no ven con buenos ojos la posibilidad de hacer una excepción con el Archipiélago. Como alternativa, Hernández Bento pondrá sobre la mesa la posibilidad de crear en el entorno de las ayudas generales a la desalación de agua una línea de apoyo a la que, mediante energías limpias, se destina al riego. Sin embargo, eso dejaría fuera a las industrias que optaron por rebajar su factura de la luz invirtiendo en renovables.
La posibilidad de nuevas elecciones en junio juega a favor de los intereses canarios. Todos los grupos con representación en el Congreso de los Diputados se han posicionado con claridad en defensa del autoconsumo, lo que en una hipotética próxima campaña electoral dejaría aislado al Partido Popular.
El 70% del plátano o el 50% del tomate dependen de esta modalidad de desalación. El decreto los encarece y los aleja del mercado europeo. Además, parte de la que trata el Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF) con esta misma fórmula se destina al consumo doméstico. Lo mismo ocurre en Gran Canaria en casos puntuales, pero no por ello escasamente habituales. Los problemas que provocaron las lluvias el pasado mes de octubre en la desaladora de Gáldar fueron minimizados por la empresa Agragua, que desala para regar en ese municipio.
La opinión generalizada entre los afectados es que el decreto de autoconsumo les obliga a convertirse en generadores de energía. Desconectarán todos los molinos de sus desaladoras y los redirigirán a la red eléctrica. Obtendrán un beneficio por ello, que será el que destinen a pagar el recibo de la luz que les servirá una empresa eléctrica.
Es la salida "política", en definición del presidente de la Asociación de Empresarios Eólicos de Canarias (Aeolican), Rafael Martell, que les deja el decreto. Ahora bien, ya no esperarán a desalar cuando sople el viento, lo harán en las horas en que el precio de la energía sea más barato.
