La princesa alemana, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del Rey Juan Carlos I, aparece en los papeles de Panamá. La princesa trató de vender acciones, a través de una sociedad intermediaria en Gibraltar, a otra radicada en las islas Vírgenes. Las operaciones se frustraron después de que el bufete panameño Mossack Fonseca no diera su visto bueno porque le faltaban permisos, según publicaron ayer de forma simultánea el digital El Confidencial y La Sexta -los dos medios que colaboran en España con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)-.
Sayn Wittgenstein intentó transferir, en nombre de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Wyoming, 25.000 acciones a otra sociedad, Industrial Consultancy Services, radicada en las Islas Vírgenes Británicas.
La operación se intentó realizar a través de un fideicomiso, una figura que le proporcionaría, entre otras cosas, importantes ventajas tributarias. Fue en 2003 y Corinna pretendía utilizar como intermediario otra sociedad offshore, ubicada en Gibraltar.
La princesa, con la que el rey emérito mantuvo una estrecha relación entre 2004 y 2014, al parecer facilitó como contacto la dirección de Boss & Co Gunmakers, empresa londinense para la que trabajaba y con la que organizó la luna de miel de los entonces príncipes Felipe y Letizia.
No es la primera vez que se ligan los negocios de Sayn-Wittgenstein a territorios opacos o con una tributación reducida. El año pasado ya se destapó su vinculación a varias empresas en la isla de Malta y que la mayoría de las empresas montadas para gestionar el Fondo Hispano-Saudí, en el que Corinna actuaba como asesora, estaban en realidad domiciliadas en los paraísos fiscales de Jersey y las Islas Vírgenes.
Precisamente ayer el Pleno del Congreso aprobó, con los votos en contra de PP y Foro Asturias , una iniciativa del PSOE sobre lucha contra el fraude fiscal que pasa, entre otras medidas, por solicitar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre los papeles de Panamá, por modificar la Ley General Tributaria para poder publicar el listado de beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012 o la exigencia de que devuelvan los 2.800 millones que se les "perdonaron".
El "escándalo bochornoso" de los casos conocidos hasta ahora, que han salpicado incluso al exministro José Manuel Soria, ha llevado a PSOE, Podemos, Ciudadanos, Democracia y Libertad (DL), PNV, IU, Bildu, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC) a respaldar de forma clara la creación de una comisión que dilucide lo que ha sucedido.
