El Estado ha decido repartir el nuevo margen de déficit público, de hasta ocho décimas -tras elevarlo del 2,8% del PIB al 3,6% para 2016-, a partes iguales entre las comunidades autónomas y la Seguridad Social. Las regiones no tendrán que reducir su déficit en 2016 del 1,66% del PIB al 0,3%, como estaba previsto, sino hasta el 0,7%. El Ejecutivo nacional sostiene en una nota que este esfuerzo es "más asequible" y que ese objetivo es el que tenían que haber cumplido las comunidades en 2015, pero que sólo alcanzaron Canarias, Galicia y País Vasco. Las entidades locales, por su parte, mantendrán su objetivo inicial del 0% del PIB.

Para alcanzar esta meta, las regiones contarán con un incremento de la financiación autonómica de 7.400 millones de euros respecto al pasado año. Además, se beneficiarán de un ahorro de intereses de más de 3.000 millones por los préstamos conseguidos a través de los mecanismos de liquidez.

En el comunicado no hay una referencia expresa al objetivo de déficit de la Seguridad Social ni se menciona el techo de gasto que debe cumplir el Estado. En cualquier caso, el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló el pasado martes que tienen que valorarse conjuntamente, dado que el primer órgano recibe transferencias desde el Gobierno.

La incógnita del reparto del nuevo objetivo para 2016 queda así resuelta. No obstante, el Estado aún no ha remitido la documentación a Bruselas, que tendrá la última palabra una vez que Eurostat publique el déficit público definitivo de España en 2015 y la UE emita sus nuevas previsiones macroeconómicas en mayo. El Gobierno le transmitirá "que mantiene su compromiso con la reducción del déficit, con una nueva senda de consolidación fiscal, compatible con el crecimiento económico".

Por otro lado, el Estado expone que para garantizar que se cumpla la regla de gasto y esa nueva senda de consolidación fiscal, el Ejecutivo ha aprobado la aplicación de varios artículos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con medidas preventivas y coercitivas, dando cumplimiento a la recomendación autónoma remitida por la Comisión Europea tras el incumplimiento por parte de casi todas las comunidades del objetivo de déficit en 2015.