¿La nueva Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), que entró en vigor en enero de 2015, aporta más seguridad jurídica?
Efectivamente, ha sido un esfuerzo del legislador recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que tiene con mucha frecuencia en la Sección Segunda de la Sala Tercera abundantes casos de la RIC. Se han acometido muchos problemas que antes no estaban solucionados en la ley. La nueva RIC es más minuciosa y ofrece más seguridad jurídica para los empresarios. El contribuyente va a tener ahora mucha mayor certeza en la inversión. La filosofía de la RIC es doble: es un beneficio fiscal para el contribuyente, para el empresario y para las sociedades para que, por otro lado, se evite la salida de capital canario a la Península o a la Unión Europea. Esa doble perspectiva de la RIC está muy bien vista ahora en la nueva regulación y, por tanto, pienso que se ha mejorado sensiblemente en todos los aspectos.
Hay quejas de que este instrumento no ha servido para dinamizar la economía y generar empleo ¿lo comparte?
La RIC es un beneficio que es voluntario acogerse a él o no. Probablemente al principio le dirán al empresario: "Métase usted en la RIC porque la dotación la invierte dentro de tres años, pero ya en el primer año le hacen una reducción"; el empresario a lo mejor se lanza sin tener en cuenta cómo mantener la inversión otros cinco años si hay una crisis. Ahí no hay un fallo de la ley, sino un fallo de asesores de los empresarios, que no les advierten de las consecuencias que puede tener lanzarse en tumba abierta a obtener el beneficio, pero el beneficio tiene contrapartidas.
¿La nueva RIC acaba con la guerra de interpretaciones entre asesores fiscales y Hacienda?
Esa guerra existe no sólo en la RIC, sino en todos los ámbitos del Derecho Tributario. La lucha eterna está entre los asesores fiscales, los abogados especialistas en Derecho Tributario y la Agencia Tributaria. La finalidad de la Agencia Tributaria es recaudar, tendría que ser exhaustiva en el cumplimiento de las normas y no darles una interpretación restrictiva. Pero también los asesores fiscales y abogados tendrían que decir a los empresarios que hay riesgo en acogerse a este beneficio fiscal. Si te acoges tienes que atenerte a las consecuencias.
Ha habido discusión sobre el plazo de prescripción de las investigaciones de Hacienda.
El tiempo de prescripción empieza a contar desde el momento en que se incumple alguno de los requisitos que establece la RIC. Lo que pasa es que hay una interpretación excesivamente rigurosa por parte de la Agencia Tributaria de entender que la prescripción comienza a computarse desde que se cumplen los cinco años de mantenimiento de la inversión, pero eso ya el Supremo ha dicho que no.
¿Ha habido hasta ahora un uso indebido de la RIC por parte de los empresarios?
Creo que no. Los que han incurrido en incumplimientos pues mala suerte, han tenido que soportar el peso de la Agencia Tributaria, pero nada más.
