¿Hemos dado ya con la normativa ideal para propiciar la renovación de la planta turística?
Soy muy positivo. Es bastante innovadora en el ámbito nacional. A partir de la modificación que se hizo en 2013 y el reglamento del año pasado que desarrolla esa norma, se ha podido ajustar la maquinaria. Es verdad que se ha derivado todo a planes de modernización, una especie de varita mágica o acelerador de la renovación.
¿Y si es un lugar donde no hay un plan de modernización no hay acelerador?
Habría que cumplir de manera individual para acogerse a los incentivos de número de plazas, edificabilidad, densidad... y así poder aumentar plazas y categorías. En mi opinión, se está siendo demasiado restrictivos para entrar dentro de la rehabilitación integral. El empresario sabe perfectamente qué tiene que renovar y qué no. Estamos dando mucha importancia a la renovación física basándonos en modelos que son antiguos. El cliente ahora no se fija en si va a un tres, cuatro o cinco estrellas, sino que mira cuáles son las opiniones de otros clientes vía Tripadvisor o Booking.
¿Vamos despistados?
Seguimos legislando en función de parámetros físicos, cuántos metros cuadrados tiene mi alojamiento, si tiene piscina... cuando el mercado ahora mismo va por una senda diferente.
Decía antes que en la legislación hay un punto de restricción. ¿Puede eliminarse?
Nos podemos meter en el debate de si quitamos la moratoria o no. Si la quitamos y damos carta blanca a la renovación, podemos llegar a la situación en la que nos encontrábamos en 2001, cuando los empresarios preferían construir un hotel nuevo a estar obligados a renovar uno antiguo para poder construir el nuevo. El problema es que en Canarias tenemos 420.000 plazas turísticas legales y acabamos de superar los trece millones de visitantes, lo que nos indica que meter más plazas en el mercado puede beneficiar a intereses empresariales individuales, pero no al modelo alojativo general.
¿Nada de construir?
Tenemos que renovar e incorporar productos muy innovadores de manera muy limitada. Fundamentalmente hay que enfocarse en una planta alojativa que está antigua, que está obsoleta y que indudablemente necesita mejorarse. La política desarrollada a partir de 2009 da en el clavo al determinar que para incorporar nuevas plazas tenemos que renovar las antiguas. Eso va a evitar que áreas con un potencial turístico espectacular -en primera línea de playa- se pierdan, se residencialicen y salgan del mercado, con todos los problemas que ello conlleva.
¿Lograrlo es factible?
Lo es, pero tenemos que empezar a plantearnos nuevas formas de explotación, vía vivienda vacacional, nuevos productos tipo condominio...
Sin embargo, el decreto sobre alquiler vacacional impide este tipo de explotación en las zonas eminentemente turísticas.
Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia nos está pegando un tirón de orejas. Tenemos, fundamentalmente en Gran Canaria, una oferta extrahotelera que, según turoperadores como TUI, solicitan los clientes. Está claro que no podemos ponerla en el mercado en las circunstancias de hace 30 años porque son apartamentos antiguos, hay que traerlos al mundo actual. La vivienda vacacional constituye una auténtica fórmula para actualizar los modelos de comercialización y explotación. No entiendo por qué la normativa canaria ha dejado fuera al 90% de la vivienda vacacional que opera ilegalmente por el simple hecho de estar en áreas turísticas. La vivienda vacacional es una nueva fórmula que ha venido para quedarse, es un tsunami y lo que hay que hacer es regularlo, exigir que cumpla las reglas del juego.
